Mazo y birrete

 

En Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad de la ley provincial del juicio por jurados de la provincia de Neuquén y, junto a ella, en todas las provincias en que este sistema esté implementado.

Dos quejosos condenados a prisión perpetua por distintos jurados habían impugnado la ley que regula los juicios por jurado en la provincia de Neuquén, al considerar que era inconstitucional porque invadía la competencia exclusiva del Congreso Nacional para regular en esta materia y porque, al no exigir que el veredicto de culpabilidad fuera unánime, violaba los principios constitucionales de igualdad y de inocencia.

La Corte Suprema rechazó este planteamiento y confirmó la constitucionalidad de la ley provincial al considerar que las provincias cuentan con facultades para darse sus propias instituciones y de disponer su sistema de administración de justicia.

En su análisis, los jueces confirmaron que interpretación conjunta de las normas establecidas en la Constitución Nacional referidas al juicio por jurados, lleva a concluir que este mecanismo fue previsto para el juzgamiento de los delitos que corresponde conocer al Poder Judicial de la Nación y le otorgó, a tal efecto, competencia al Congreso Federal para legislar en lo relativo a su conformación y funcionamiento en el ámbito nacional.

Sin embargo la Constitución Nacional establece que las provincias no delegaron al Gobierno Nacional la facultad de organizar su administración de justicia y, por ello, la tramitación de los juicios en sus jurisdicciones es de su incumbencia exclusiva por lo que pueden establecer las instancias que estimen convenientes.

Además, los magistrados destacaron que el artículo 126 de la Constitución Nacional, cuando enumera lo que las provincias no pueden hacer en materia legislativa, no incluye la prohibición de las provincias de legislar en materia de juicio por jurados.

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