Representación de Internet

 

El Parlamento Europeo aprobó la nueva directiva sobre el derecho de autor que implica nuevas condiciones para los proveedores de servicios de Internet y para aquellos que publican contenido en Internet.

Los cambios se vienen promoviendo desde 2017 cuando se propuso que los servicios de intercambio de contenidos en línea instalen filtros a los contenidos subidos por los usuarios. A pesar de las protestas, los cambios han sido aprobados con 348 votos a favor y 274 en contra.

Con el nombre de "Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital" la propuesta actualiza la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, con el argumento de lograr un “equilibrio justo” entre los derechos y los intereses de los autores (y otros titulares de derechos) y los de los usuarios, especialmente en lo que atañe al acceso de los ciudadanos a la cultura, el conocimiento y la educación.

Para sus partidarios, la nueva directiva "tiene por objeto garantizar que los creadores (por ejemplo, músicos o actores), los editores de prensa y los periodistas se beneficien de la difusión de su trabajo en Internet igual que cuando se hace por otros canales". Para sus críticos, se abre la puerta a la censura y a la muerte de Internet, tal y como se conoce.

Actualmente, cuando un usuario sube a una plataforma como YouTube un contenido protegido por derechos de autor, el propietario de los mismos puede denunciar al infractor o, como suele ser habitual, solicitar a la plataforma que retire ese material ilegal.

En estos momentos YouTube cuenta con un sistema llamado Content ID que bloquea los vídeos que violan derechos de autor, aunque al tratarse de un algoritmo y no existir intervención humana, existen casos en que se identifican como ilícitos usos totalmente válidos, como mostrar un fragmento de una película, canción o videojuego para comentarlo o analizarlo. En esos casos, el creador de contenido debe explicar el uso legítimo y solicitar el desbloqueo, que se consigue en la mayoría de los casos.

Ahora, con el artículo 17 (durante su tramitación era el artículo 13), sitios como YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, deberán celebrar acuerdos de licencia con los titulares de derechos de autor mediante los cuales  “cubrirán la responsabilidad de las obras cargadas por los usuarios de sus servicios con arreglo a las condiciones establecidas en el acuerdo de licencia, siempre que dichos usuarios no actúen con fines comerciales o no sean el titular del derecho o su representante”.

Así, estos proveedores deberán gestionar con las editoras, productoras, gestoras, etcétera, acuerdos de licencia, como hacen las estaciones de radio, televisión u otros, para que en sus servicios aparezcan obras protegidas por derechos de autor cargadas por sus usuarios.

Asimismo, a falta de acuerdos de licencia con los titulares de derechos, los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea adoptarán medidas tendientes “…a impedir la disponibilidad… de obras y otras prestaciones que vulneran los derechos de autor o derechos afines, a la vez que las obras y otras prestaciones que no vulneran derechos se mantengan disponibles”, es decir, todos se verán obligadas a instalar filtros para evitar que los usuarios suban materiales con derechos de autor, como hace YouTube o Instagram, mediante sus propios algoritmos.

Algunos han llamado a esto la “censura o tiranía algorítmica”. Esos filtros serán más duros y habrá una censura previa de lo que se publique, por lo que los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea impedirán por todos los medios que se les pretenda hacer responsables por violaciones a derechos de autor, con las demandas millonarias que ello implica.

Esta directiva constituye una base que los Estados Miembros de la Unión Europea, tendrán que desarrollar al llevarlo a su ordenamiento interno.

El texto adoptado por el Parlamento Europeo ahora deberá ser aprobado oficialmente por el Consejo de la Unión Europea en las próximas semanas. Una vez publicado en el Diario Oficial de la UE, los Estados miembros tendrán veinticuatro meses para incorporar las nuevas normas a su legislación nacional.

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