Panorámica de Seúl, Corea del Sur

 

Frente a la reiterada negativa de los ejecutivos de la empresa japonesa Mitsubishi Heavy Industries Inc de reunirse con los abogados del grupo de coreanos que ganó una demanda por trabajos forzados, el equipo legal presentó ante la Corte de Distrito de Seúl, Corea del Sur, una solicitud de embargo de bienes de la empresa.

Se trata de la consecuencia de un fallo histórico en Corea del Sur que reconoce que sus ciudadanos fueron sometidos a trabajos forzados por parte de los japoneses durante la ocupación y, particularmente, durante la Segunda Guerra Mundial y que de forma individual tienen derecho a la reparación de daños.

Este fallo se emitió en noviembre de 2018 cuando la Suprema Corte de Corea del Sur confirmó las condenas a Mitsubishi Heavy Industries Ltd de pagar 80 millones de wons, unos US$71,500, a las familias de seis hombres que fueron forzados a trabajar, y entre 100 y 120 millones de wons (US$89,000 y 107,000) a cuatro mujeres que fueron también víctimas de trabajos forzados.

Mitsubishi Heavy Industries, empresa japonesa de equipo eléctrico y electrónicos que forma parte del Grupo Mitsubishi, no sólo se ha negado a pagar, sino incluso a recibir a los abogados de los quejosos. Lo anterior porque, en línea con la postura del gobierno de Japón, argumentan que las reparaciones de todos estos daños quedaron incluidas en el tratado de 1965 firmado entre ambas naciones asiáticas.

Ante la falta de voluntad de la empresa, los abogados han solicitado a la Corte de Distrito de Seúl que se ordene el embargo de los derechos de dos marcas y seis patentes que la empresa posee en Corea del Sur, a fin de que sean vendidas y el dinero sea repartido entre las víctimas de trabajos forzados.

En conferencia de prensa sostenida este lunes en Seúl, el abogado Kim Jong-hui declaró que saben que es probable que estos bienes sean insuficientes para satisfacer las indemnizaciones fijadas por la Corte por lo que están buscando otros bienes que la empresa posea en Corea del Sur y no descartan el presentar demandas similares en las ciudades europeas en donde la empresa japonesa posea bienes.

Según cifras del gobierno de Corea del Sur, existen casi 150,000 víctimas de trabajos forzados durante la ocupación japonesa, de las cuales unas 5,000 siguen vivas. Según la decisión de la Suprema Corte y otras previas, los descendientes de estas víctimas también podrían tener derecho a reparación de daños al reconocerse un derecho a la reparación individual.

Se sabía que el cumplimiento de la sentencia no iba a ser fácil, por lo que esta demanda era previsible. El enfriamiento y tensión de las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y Japón por este asunto es tema que no es de consideración del poder judicial.

Más información japantimes.co.jp

miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción parcial o total concediendo crédito a miabogadoenlinea.net