Niño llorando

 

El gobierno de coalición japonés del primer ministro Shinzo Abe planea introducir reformas para que se prohíba el castigo físico a los niños, estableciendo una guía que defina los actos que se consideran castigo físico.

La reforma obedece a recientes casos de muerte de niños por el presunto maltrato de sus padres. Así ocurrió en Tokio donde Yua Funato, una niña de cinco años murió después de haber sido agredida por su padre. Ella dejó varias cartas pidiendo perdón a sus padres y pidiéndoles que ya no la maltrataran.

Otro caso importante se presentó el año pasado en la prefectura de Chiba, donde Mia Kurihara de 10 años falleció después de que su padre, como castigo y en aras de la “disciplina”, la mantuviera despierta durante varias horas en la noche. En este caso se hizo patente la falta de comunicación entre la escuela de la menor y las autoridades de protección a la infancia pues la niña en varias oportunidades pidió ayuda.

La legislación civil vigente en Japón concede a quienes ejercen la patria potestad la facultad de disciplinar a los menores. Excluye como actos de disciplina la agresión y los actos lascivos, pero no especifica más allá de eso las conductas que podrían considerarse abusivas, dejándolo a buen juicio de los padres al señalar que “prestarán la debida consideración al ejercicio apropiado de dicha autoridad para disciplinar” a los hijos.

La reforma planeta no sólo prohibir a los padres castigar físicamente a sus hijos, sino a toda persona que esté en contacto con los menores, ya se trate de familias de acogida o incluso de trabajadores sociales.

De esta forma, el planteamiento es presentar a la Dieta reformas para establecer una guía de actos que se consideren castigo físico y que quedarían prohibidos. Además, se planea otorgar mayores facultades a las autoridades para separar a los menores de sus padres ante las señales de abuso y establecer un sistema administrativo en el que unos funcionarios sean quienes hagan las separaciones y otros quienes presenten asesoría a los padres. Quienes presten la asesoría deberán contar con experiencia laboral en la materia.

Además, se plantea que todos los centros de bienestar infantil cuenten con personal médico y legal.

Actualmente operan en Japón unos 210 centros de bienestar infantil que en el año fiscal a marzo de 2018 recibieron 130,000 casos de consulta y reportes de abuso infantil.

Prohibir el castigo físico a los niños forma parte de una campaña que desde hace varios años ha estado impulsando la ONU. Países como Argentina, Australia y Gales han propuesto cambios en sus respectivas legislaciones para prohibirlo y en Europa se ha impulsado una campaña semejante para que los 47 estados miembros lo prohíban.

Entre otras razones se propone abolir el castigo físico a los niños porque constituye una violación de los derechos del niño, al respeto de su dignidad humana e integridad física y a gozar de igual protección ante la ley. En muchos casos el castigo físico puede poner en peligro el derecho del niño a la educación, el desarrollo y la salud e incluso el derecho a la vida.

Más información japantimes.co.jp

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