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Un juez del Alto Tribunal de Londres concluyó este viernes que la política que obliga a los arrendadores a investigar el estatus migratorio de los posibles arrendatarios o inquilinos es ilegal y no debe ser extendido, como pretende el gobierno, a Escocia, Gales e Irlanda del Norte sin un análisis más profundo.

La política se conoce como “derecho de rentar” (right to rent) y forma parte de una política más amplia del gobierno conocida como de “ambiente hostil” cuya finalidad es reducir la migración ilegal. Sin embargo, en el caso del derecho de rentar, el juez que revisó la legalidad de la política concluyó que se trata de una política discriminatoria, violatoria de los derechos humanos.

Así, el juez señaló que si bien el gobierno tiene derecho a instrumentar políticas para evitar la inmigración ilegal, esta en lo particular no cumple el objetivo y, de hacerlo, pesaría más que no es compatible con los derechos humanos de las personas.

La obligación de los arrendatarios de revisar pasaportes o visas de quienes pretenden rentar sus propiedades está vigente de momento exclusivamente en Inglaterra y sanciona con hasta cinco años de prisión o la imposición de una multa a quienes arrienden a ilegales. Esto ha llevado a los propietarios a evitar rentar a personas según su etnia, para no correr el riesgo de ser sancionados.

Así lo demostró durante el proceso la organización a favor de los inmigrantes, Joint Council for the Welfare of Immigrants, JCWI, quien presentó el caso ante el tribunal, al mostrar resultados de dos ejercicios realizados. En ellos se llenaban solicitudes idénticas de arrendamiento, pero ciertos detalles como el nombre eran cambiados. Cuando la persona entregaba un pasaporte británico no había ningún problema, pero cuando entregaba un pasaporte extranjero como identificación, tenía más probabilidades de obtener la propiedad en renta si su nombre era británico de raza blanca que un nombre de alguna otra etnia o raza. Esto demostró que los propietarios evitan arrendar a personas por razones étnicas para evitar ser sancionados.

Este resultado llevó al juez Spencer a concluir que el esquema del gobierno “no proporciona meramente la ocasión u oportunidad para que propietarios privados discriminen, sino ocasiona que lo hagan cuando de otra forma no lo harían”. Según el juez, esta discriminación es “lógica y totalmente predecible” cuando los propietarios se enfrentan a potenciales sanciones por hacer las cosas mal.

El juez dijo que esta política tiene “efectos reales” en la posibilidad de las personas de encontrar casa y que los parlamentarios que la aprobaron “deberían estar atónitos” por sus consecuencias.

La decisión no solo fue bien recibida por la organización que la presentó, JCWI, sino incluso por la Asociación de Propietarios Residenciales que opinó que esta política ha convertido a los propietarios en “policías fronterizos sin entrenamiento y sin deseos de serlo”.

La oficina del interior, Home Office, responsable de esta política, sin embargo, negó que exista evidencia de discriminación por su aplicación y aseguró que tienen autorización para apelar la sentencia y que están analizando detenidamente las observaciones del juez Spencer.

Más información bbc.com

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