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Categoría: El Derecho y la Actualidad
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El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón volvió a sorprender a la familia del ex dictador chileno Augusto Pinochet, al formular cargos en su contra de lavado de dinero y fijó una fianza solidaria para los imputados de $ 77’384,374 dólares.

En esta demanda, iniciada por la Fundación Española Presidente Allende, se imputa del mencionado delito a la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart, de 86 años, así como a su abogado y albacea Oscar Aitken Lavanchy y a dos altos ejecutivos del Banco de Chile, Pablo Granifo, presidente del Banco, y Hernán Donoso, ex gerente de la sucursal de Nueva York, cuya responsabilidad en el ocultamiento de cuentas fue deslindada e individualizada por la parte acusadora.

En esta sentencia, que es firme, el juez concede a los imputados el plazo de diez días para depositar la fianza que fue fijada para asegurar las responsabilidades pecuniarias que surjan del proceso penal. El juez estima que con esta cantidad podrá indemnizar a las víctimas españolas del régimen de Pinochet. De no depositar la cantidad en el plazo fijado, se procederá al congelamiento de cuentas por un tercio más del monto fijado, lo que ascendería a unos $100 millones de dólares.

La Fundación Española Presidente Allende, basó sus acusaciones y el deslindamiento de responsabilidades de los ejecutivos bancarios en un informe de la Brigada de Lavados de Activos de la Policía de Investigaciones de Chile. Sin embargo este documento es desconocido para el juez que en Chile lleva el proceso para determinar el monto y origen de la fortuna de los Pinochet, en el caso conocido en país sudamericano como caso Riggs.

Lo anterior en vista de que la fortuna de los Pinochet está siendo analizada también en Chile desde el año 2004, fecha en que el Senado de los Estados Unidos descubrió cuentas bancarias secretas del ex dictador chileno en el Banco Riggs de Washington D.C.

El descubrimiento de esas cuentas secretas fue resultado de la ampliación de la querella que se investigaba en España por la cual Augusto Pinochet fue detenido en Londres en 1998 acusado de genocidio, terrorismo y torturas. Esta querella se amplió en el 2004 para investigar el origen de los bienes de los Pinochet y se encontraron a varios responsables del Banco Riggs por ocultamiento de cuentas.

En España esta querella fue archivada en el 2005 porque el Banco Riggs reconoció ante un tribunal en Estados Unidos el ocultamiento de las cuentas y aceptó pagar la cantidad de $9 millones de dólares, monto determinado por el lavado de dinero. Este dinero fue gestionado por la Fundación Salvador Allende y distribuido entre las víctimas del régimen dictatorial.

En abril del 2007 la Fundación Española Presidente Allende presentó una ampliación de la querella por el lavado de dinero en contra del Banco de Chile y dos de sus filiales. Respecto de esta ampliación el juez Garzón solicitó a los querellantes individualizaran las responsabilidades de los funcionarios bancarios, como lo hicieron. De ahí que se defina a los cuatro imputados, incluidos los altos ejecutivos bancarios.

La Fundación presentó esta ampliación de la querella en España después de que en febrero del 2007 la justicia estadounidense desechara la demanda por lavado de dinero contra el mismo Banco de Chile.

Respecto de este último giro del caso, la familia Pinochet, en voz de un nieto del fallecido dictador, declaró que no reconocen la competencia de Garzón en el caso y que su confianza está en los tribunales chilenos.

En Chile continúan las investigaciones en los tribunales por el ocultamiento de cuentas. Sin embargo, tras la sentencia de nulidad de todo lo obrado en el caso que se seguía por delitos fiscales en contra de un hijo de Augusto Pinochet, ningún otro miembro de la familia sigue procesado. Esta sentencia se expidió en agosto pasado.

Y pese a la incredulidad de la familia Pinochet, ya el juez Garzón envió carta rogatoria a la justicia chilena para que le permitan acudir junto con una comisión judicial a interrogar a los cuatro imputados. Será ahora la justicia chilena la que decida si procede o no la petición del español que llevó a juicio a Augusto Pinochet.

Fuente El País

 

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