Representación del ADN

 

La Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ) concluyó que un menor de edad puede negarse a realizarse una prueba de ADN que puede definir quien es su padre biológico, si tiene la edad suficiente para entender las consecuencias.

En el caso, el supuesto padre biológico de una menor apareció 15 años después de su nacimiento y en mayo de 2018 presentó una demanda de impugnación de paternidad alegando que él es su padre biológico, exigiendo se realizara una prueba de ADN para que se comprobara su afirmación.

Los padres de la menor alegaron que se debían proteger sus derechos teniendo en cuenta que ha tenido por 15 años una familia y que podría haber un cambio brusco que afectara su estabilidad emocional. Sin embargo un juzgado le dio la razón al hombre y ordenó hacer el examen a toda costa. Su familia interpuso una tutela (una acción de defensa efectiva de los derechos humanos, con mayores alcances que el recurso de amparo) que llegó a la Corte Suprema de Justicia.

Los juzgados que conocieron este caso argumentaban que la sola voluntad de la menor no variaba la orden judicial. Pero la Corte Suprema le dio la razón a la menor y determinó que en estos casos se deben tener en cuenta los contextos familiares.

"El único papá que he conocido durante toda mi vida es J.F.V.R (la sentencia usa solo iniciales para proteger identidad de la menor) (...) en el colegio me conocen con mis nombres y apellidos. No quiero que se burlen de mi ni de mi familia, ni que alguien que aparece casi 16 año después de que nací aparezca en mi vida y me la revuelque, saber eso me ha hecho sufrir mucho, ya estoy para graduarme y me tocaría cambiar todos los papeles (...) ese señor nunca me dio nada y me causa ahora un gran malestar y quiere desbaratar mi familia que son mi mamá, mi papá y mi hermanita", alegó la menor en la tutela.

"Si la accionante se encuentra integrada a una familia, en la cual encuentra el apoyo necesario para desarrollar a plenitud sus prerrogativas superiores, aun si ésta no se halla compuesta por los dos progenitores biológicos, sino por uno de ellos y su padre afectivo, es la solidificación de los vínculos emocionales allí compartidos, la que genera la consolidación del estado civil que le figura en su registro de nacimiento, y de allí deriva su derecho de no aceptar la paternidad del demandante", estableció la CSJ.

Asimismo, la CSJ reprochó a los juzgadores de las otras instancias que hayan pretendido ignorar la voluntad de la menor: “Es inadmisible que se quiera poner en riesgo el derecho de la tutelante a pertenecer a un núcleo familiar y no ser separada de aquel. Se trata de un comportamiento a todas luces reprochable, máxime porque proviene de un funcionario judicial”, dijo la Corte. Además, enfatizó que la menor es lo que se ha reconocido por la jurisprudencia como un “menor adulto”.

“La joven, quien tiene una edad suficiente para darse a entender, expresar y exigir el respeto de sus prerrogativas (15 años y 9 meses), se trata de menor adulta, ha sido clara y contundente al señalar que con la práctica de la prueba que se le exige realizar, siente amenazados sus derechos a conservar su familia, su nombre, identidad y personalidad jurídica, razones más que valederas, con las cuales busca impedir la invasión a su fuero interno, la intimidad familiar y la suya”, señaló la Corte.

La Sala Civil además aseguró que en casos en los que hay una estabilidad familiar clara, así no esté compuesta por sus padres biológicos, son los vínculos emocionales los que consolidan su situación y de dónde se deriva el derecho de “no aceptar la paternidad del demandante y de permanecer en el seno de su grupo familiar”.

El alto tribunal encontró sustentados los argumentos de la menor y ordenó archivar el proceso de investigación de paternidad que estaba promoviendo su supuesto padre biológico.

El documento señala que el archivo se ordena "dada la ausencia de consentimiento de la menor para establecer si existe o no el parentesco que se alega, y en atención a que su estado civil se halla consolidado".

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha establecido criterio para que la opinión de los menores sea valorada en los procesos judiciales que le afectan directamente.

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