Automóvil Volkswagen

 

Al concluir que el software instalado por Volkswagen en unos 11 millones de vehículos de diésel para manipular la emisión de contaminantes es un “defecto”, la Corte Federal de Justicia de Alemania abre la puerta para que se presenten acciones colectivas en contra de la empresa automotriz.

Se trata del escándalo que se conoce como Dieselgate, descubierto por las autoridades de los Estados Unidos, en el que Volkswagen instaló un software en vehículos que funcionan con diésel para encubrir las emisiones de contaminantes. El asunto con el gobierno de los Estados Unidos quedó resuelto con el pago por parte de la empresa alemana de 13 mil millones de euros, pero se ha tenido que enfrentar a cientos de demandas de consumidores insatisfechos que buscan la reparación de daños.

Según Volkswagen están en trámite unas 50,000 demandas en contra de la empresa o sus afiliadas, como Mercedes Benz y Renault, y unas 14,000 han quedado resueltas, mayoritariamente a favor de la empresa. Lo anterior porque se ha pedido a los dueños de los vehículos que comprueben que la principal razón por la que adquirieron el automóvil es por la menor emisión de contaminantes, requisito que no muchos han podido satisfacer.

En Alemania, la decisión a la que llegó la Corte Federal de Justicia, BGH por sus siglas en alemán, al calificar de defecto el software abre la puerta para que procedan en ese país acciones colectivas. Lo anterior porque Volkswagen se he defendido señalando que pese a este software los vehículos son funcionales.

Las acciones colectivas son una figura novedosa en el sistema jurídico alemán, pues fue hasta el año pasado cuando el Bundestag aprobó que estas demandas pueden ser presentadas en contra de las empresas. Previo a la aprobación de la ley, los consumidores tenían que enfrentar solos los gastos legales de presentar una demanda lo que inhibía la mayoría de las veces el accionar de la justicia en contra de los prestadores de bienes o servicios.

La ley que inició vigencia el 1 de noviembre de 2018 contiene varias limitaciones para evitar que, como en Estados Unidos, las grandes empresas sean continuamente demandadas exigiendo compensaciones exorbitantes. De esta forma, en Alemania estas demandas sólo pueden ser representadas por asociaciones de consumidores, estableciéndose un límite mínimo de consumidores afectados.

En 2018 en Austria, país vecino a Alemania, el Tribunal Mercantil falló por primera vez a favor de una consumidora que en 2012 compró un vehículo Volkswagen, y ordenó a la empresa automotriz a recibir el auto y devolver el importe pagado por el mismo más intereses. En este caso se concluyó que “si la demandante hubiera conocido que el software diseñado para evadir pruebas de emisiones estaba instalado en su vehículo, no lo hubiera comprado”

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