Mujer con velo islámico

 

Los habitantes del cantón de Ginebra, Suiza, aprobaron una debatida ley que define la relación entre el estado y las comunidades religiosas y que, entre otras cosas, prohíbe a funcionarios de gobierno usar signos externos de adhesión a alguna religión.

La ley fue propuesta por partidos de centro derecha y aunque en Ginebra la división entre la iglesia y el estado está legislada desde 1907, los políticos propusieron una actualización de ella, la cual fue aprobada por el 55 por ciento de los votantes ginebrinos.

La oposición, entre ellos el Partido Verde, se opusieron a las reforman aduciendo que otorgaba mayores poderes al gobierno lo que podía resultar en una violación de los derechos humanos de los miembros de las iglesias.

Particularmente la oposición fue hacia la disposición que prohíbe a funcionarios y parlamentarios usar signos externos de adhesión a una religión, una medida que, señalan, está dirigida a las mujeres musulmanas quienes deberán elegir entre sus trabajos y carreras políticas y su fe.

Esta oposición logró reunir más de 8,000 firmas para someter la nueva ley a referéndum y que fueran los ginebrinos quienes tuvieran la última palabra sobre el asunto.

Además de la controvertida disposición, la nueva ley establece que el dinero recaudado por el impuesto a la religión, que tradicionalmente se repartía entre las tres mayores iglesias, se comparta ahora con otras comunidades religiosas. Para poder obtener acceso a este dinero estas comunidades deben estar registradas y entregar anualmente estados financieros, someterse a auditorías externas y entregar al estado la lista de sus donantes.

La nueva ley también prohíbe las reuniones religiosas en exteriores, salvo que se cuente con un permiso del estado.

Pese a que la reforma ha quedado aprobada por el 55 por ciento de los votantes ginebrinos, todavía hay dos litigios pendientes de resolución.

Uno de ellos fue presentado por la red Evangélica de Ginebra que recurre lo relativo a la prohibición de las reuniones públicas y, otro, que fue presentado por el Partido Verde en contra de la prohibición de que funcionarios porten imágenes visibles de adhesión a su fe.

Todavía queda pendiente establecer disposiciones finales para implementar la ley las que, conforme con el ministro de seguridad, Mauro Poggia, deben tener un efecto “pacificador” y tomar en cuenta los temores expresados durante la campaña de referéndum.

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