Puños arriba

 

En Maryland, Estados Unidos, se presentó una demanda en contra de la medida del estado que prohíbe al gobierno contratar servicios con empresas o de personas que apoyen el boicot económico a Israel.

Se trata del decreto anti BDS, siglas del movimiento no violento Boicot, Desinversión y Sanciones, que pretende ejercer presión respecto de la economía de Israel para que cesen sus actividades en contra de los palestinos, similar al que se hizo en Sudáfrica respecto del apartheid.

La demanda en Maryland fue presentada por Saqib Ali quien en 2006 se convirtió en el primer musulmán en ocupar una curul en el congreso estatal y que ahora es propietario de una empresa de desarrollo de software.

La disposición de Maryland obliga a los contratistas del gobierno a firmar una protesta en la que declaran no formar parte del boicot económico a Israel. Como el ex legislador Ali se rehusó a firmarla, no le concedieron un contrato para desarrollar un programa de software para el gobierno.

“Yo hago boicot a Israel y la ocupación ilegal de territorios porque los palestinos no son libres, ellos viven bajo una brutal ocupación militar” declaró Saqib Ali a los medios el pasado miércoles cuando anunció la presentación de la demanda.

“Y hasta que la ocupación termine, he decidido que voy a boicotear a Israel. Es mi derecho contenido en la Primera Enmienda. Está garantizado por la Constitución de los Estados Unidos”, enfatizó.

Según información de The Times of Israel, unos 26 estados de los Estados Unidos han aprobado leyes que prohíben al gobierno entrar en relaciones mercantiles con quienes ejerzan boicot a Israel, aunque ningún estado ha aprobado leyes que haga ilegal la participación en el boicot.

En el caso de Maryland, la medida antiboicot fue rechazada por la legislatura por lo que el gobernador Larry Hogan la impuso como orden ejecutiva en 2017. El gobernador defendió su decisión diciendo que “están pidiendo que discriminen a Israel” y que “no hay argumento en contra que tenga algún sentido”.

Durante la conferencia de prensa, Saqib Ali explicó que el boicot a Israel no es el único que ha hecho y explicó que en el pasado hizo boicot a Carolina del Norte por una ley que aprobó en contra de las personas transgénero y que actualmente no hace negocios con empresas propiedad de Donald Trump.

“Todos estos boicots están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”, declaró Ali. “Así que cuando el gobernador de Maryland me exige que renuncie a mis derechos de la Primera Enmienda para competir por un contrato, él está violando mi derecho a la libre expresión y no lo permitiré”.

Se trata de un punto de vista que comparten quienes se oponen a la existencia de este tipo de leyes o acuerdos ejecutivos vigentes en ellos estados.

Así, bajo este argumento, cortes de Kansas y Arizona fallaron el año pasado respecto de la inconstitucionalidad de estas leyes o medidas, dejándolas sin efecto.

En otros estados también se han presentado demandas en contra de la ley. El mes pasado se presentó una demanda similar en Texas por parte de una educadora que quedó sin contrato cuando se rehusó a firmar la protestas de no ejercer boicot económico a Israel.

Israel, por su parte, ha respondido al BDS con la Ley de Prevención de Daños al Estado de Israel por Boicots mediante la cual cualquier individuo u organización que proponga mediante un boicot manifestar su desacuerdo con alguna política podrá ser demandado por cualquier individuo o empresa que suponga ser afectada por ese boicot y exigir una compensación.

Con fundamento en esta ley recientemente se sancionó a dos neozelandesas que supuestamente convencieron a Lorde a cancelar un concierto en Tel Aviv, y se presentó una demanda en contra de Airbnb por haber sacado del listado de renta propiedades en territorios ocupados.

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