Señal de prohibido

Este miércoles se presentó una nueva demanda en contra de una ley en Texas, Estados Unidos, que obliga a quienes contraten con el gobierno a declarar que no ejercen ni formarán parte del boicot económico en contra de Israel.

La demanda más reciente fue presentada por cuatro personas que declararon haber perdido oportunidades de negocios por no haber firmado la cláusula o haberla firmado a expensas de su libertad de expresión. Están siendo representado por American Civil Liberties Union, ACLU, y en ella manifiestan que la ley fuerza a las personas a elegir entre su libertad de expresión y su medio de vida.

La demanda está dirigida en contra del fiscal general de Texas, Ken Paxton, de dos distritos escolares y de dos universidades. Lo anterior porque los demandantes alegan haber perdido oportunidad de trabajo con las universidades o haber dejado de recibir pagos por servicios prestados en distrito escolares.

La ley que ahora es recurrida fue ratificada por el gobernador de Texas Greg Abbott en 2017, quien al firmarla aseguró que “cualquier política anti-Israel es una política anti-Texas”. Se conoce como ley anti BDS, siglas del movimiento no violento Boicot, Desinversión y Sanciones, que pretende ejercer presión respecto de la economía de Israel para que cesen sus actividades en contra de los palestinos, similar al que se hizo en Sudáfrica respecto del apartheid.

La ley en Texas fue duramente criticada porque tras el huracán Harvey residentes del norte del estado declararon haber sido forzados a firmar la cláusula anti BDS para recibir ayuda por daños provocados por el evento meteorológico.

La demanda de ACLU sigue a otra presentada esta misma semana por Bahia Amawi, una pedagoga del lenguaje que trabajó desde 2009 con la comunidad árabe en el distrito escolar de Pflugerville.

En su demanda, presentada ante un tribunal federal en Texas, Bahia Amawi expone que sus contratos eran renovados cada año sin ningún problema hasta que para el ciclo escolar 2017-2018 e agregó al contrato la cláusula anti BDS.

Esta cláusula le exigía “no ejercer boicot en contra de Israel durante la vigencia del contrato” y abstenerse de cualquier acción “con la intención de sancionar, ocasionar daño económico o limitar las relaciones comerciales con Israel o con una persona o entidad que haga negocios en Israel o en un territorio controlado por Israel”.

Siendo descendiente de palestinos, Bahia Amawi “por razones de conciencia” no firmó el contrato y se quedó sin trabajo.

Amawi señala que es desconcertante que el gobierno prefiera proteger los intereses de una nación extranjera que los derechos civiles de sus ciudadanos, particularmente la libertad de expresión establecida en la Primera Enmienda.

Sobre la demanda de ACLU, la abogada Vera Eidelman dijo que “no podemos guardar silencio cuando los estados violan de esta forma la Primera Enmienda”, asegurando que han presentado otras tres demandas en contra de leyes similares en otros estados.

Lo anterior porque Texas no es único estado con una ley anti BDS. Unos 26 estados han aprobado leyes semejantes que prohíben al gobierno entrar en relaciones mercantiles con quienes ejerzan boicot a Israel, aunque ningún estado ha aprobado leyes que haga ilegal la participación en el boicot.

Israel, por su parte, ha respondido al BDS con la Ley de Prevención de Daños al Estado de Israel por Boicots mediante la cual cualquier individuo u organización que proponga mediante un boicot manifestar su desacuerdo con alguna política podrá ser demandado por cualquier individuo o empresa que suponga ser afectada por ese boicot y exigir una compensación.

Con fundamento en esta ley recientemente se sancionó a dos neozelandesas que supuestamente convencieron a Lorde a cancelar un concierto en Tel Aviv, y se presentó una demanda en contra de Airbnb por haber sacado del listado de renta propiedades en territorios ocupados.

Más información timesofisrael.com

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