Mazo judicial

El Tribunal Superior de Pretoria, Sudáfrica, desechó la petición presentada por el expresidente Jacob Zuma y le ordenó pagar los gastos judiciales en que incurrió cuando a título personal recurrió la publicación del reporte que sobre corrupción en el gobierno realizó la fiscalía.

En este reporte, que el gobierno de Zuma intentó que no fuera publicado, la fiscal de ese entonces, Thuli Mandosela, investigó las relaciones del gobierno de Zuma, el Congreso Nacional Africano, partido político de Zuma, y la familia Gupta, una de las más acaudaladas de Sudáfrica.

Relativo con el informe, Zuma recibió dos ordenes judiciales para pagar los gastos judiciales de los dos procesos que inició: uno para evitar la publicación y el segundo para que se efectuara la revisión de este.

El Tribunal Superior de Pretoria encontró que no había interés público en condonar los gastos al expresidente y por tal motivo le reiteró que debe pagar de su bolsillo los gastos estimados en unos 10 millones de rands (US$693,000). Además, claro, de los gastos judiciales que la petición de esta condonación ha supuesto y de la solicitud de permiso para apelar la decisión. Es decir, una cuenta que se hizo más alta.

Además, el mismo Tribunal Superior está por decidir si Jacob Zuma también debe pagar por su defensa en procesos penales que se le siguen y que han durado ya varios años. No es claro el monto que debería pagar, pero se calcula que está entre los 15 y los 32 millones de rands, entre 1 millón y 2.2 millones de dólares estadunidenses.

Jacob Zuma está enfrentando 16 acusaciones penales por fraude, corrupción, lavado de dinero y por crimen organizado por 783 supuestos pagos que le hicieron en relación con el negocio de armas cuando era ministro en la provincia de KwaZulu-Natal.

Zuma fue el cuarto presidente de Sudáfrica, habiendo gobernado de mayo de 2009 al 14 de febrero de 2018 cuando presentó su renuncia. Su presidencia estuvo llena de polémicas, como las reformas a su mansión que quiso pagar del erario público o por no haber ordenado la detención de Omar Al-Bashir, presidente de Sudán, requerido por la Corte Penal Internacional.

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