Niños en una fábrica

Este martes, la Suprema Corte de Corea del Sur condenó a una empresa japonesa a indemnizar a cuatro surcoreanos que durante la ocupación ocurrida entre 1910 y 1945 fueron sometidos a trabajos forzados.

La decisión judicial presenta un tema importante de diplomacia entre ambas naciones que han estado enfrentadas por la época del colonialismo en temas que incluyen la esclavización sexual de mujeres, conocidas como “mujeres de consuelo”, un hecho histórico que Japón se niega a reconocer.

En 1965 Japón y Corea del Sur firmaron un tratado que restauró las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y que incluyó un paquete de reparaciones de 500 millones de dólares en subvenciones y préstamos a tasas bajas de interés.

Pese a este tratado, que la Suprema Corte señala que no abordó la ilegalidad de la ocupación japonesa y la era colonial, un tribunal condenó a la empresa japonesa Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp a pagar 100 millones de wons (unos US$88,000) a cada uno de los cuatro demandantes que trabajaron en las acerías entre 1941 y 1943.

Esta decisión ha sido sostenida por la Suprema Corte que reconoce el derecho individual de las víctimas a reparación del daño, en abierta oposición a la postura del gobierno que argumenta que las reparaciones quedaron incluidas en el tratado de 1965.

Sin duda, esta decisión afectará los catorce casos que están siendo revisados en tribunales inferiores y que se refieren a reclamaciones de surcoreanos que también fueron forzados a trabajar en empresas japonesas.

Según cifras del gobierno, existen casi 150,000 víctimas de trabajos forzados durante la ocupación, de las cuales unas 5,000 siguen vivas. Los descendientes, sin embargo, también podrían tener derecho a reparación de daños.

La decisión judicial ha sido fuertemente criticada por el ministro de relaciones exteriores de Japón, Taro Kono, para quien quebranta “el fundamento legal” de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y aseguró que su gobierno presentará su caso ante la Corte Internacional de Justicia.

“Existe la posibilidad de que Japón no presente el caso ante la Corte Internacional de Justicia, dependiendo de las medidas que tome el gobierno surcoreano y la responsabilidad que asuma”, declaró a los medios Jin Chang-soo investigador del Instituto Sejong.

“Bajo el derecho internacional, Japón no puede presentar su caso ante la CIJ unilateralmente sin el acuerdo de Corea del Sur. Pero si Corea del Sur no otorga su consentimiento a Japón para que lo presente ante la CIJ, dañará profundamente la credibilidad de Seúl”, añadió el experto.

“La resolución de este asunto por medio de consultas diplomáticas sería el mejor escenario. Japón tendrá que aceptar si Corea del Sur dice que compensará a las víctimas en su lugar”, concluye el analista.

Por lo pronto el gobierno de Corea del Sur ha dicho que respeta la decisión del poder judicial.

Para ejecutar el fallo, los cuatro demandantes pueden acudir a tribunales inferiores para que se decomisen bienes a Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp en cantidad suficiente para cumplir con el fallo judicial. El ejecutivo no tiene forma legal de oponerse a esta actuación judicial.

Un fallo justo, pero que pone en un dilema a la administración del presidente surcoreano Moon Jae-in.

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