Madre e hijo

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al doctor Eduardo Vela de los delitos de detención ilegal, suposición del parto y falsedad documental en relación a un caso de bebés robados en 1969. Aunque los magistrados le consideran responsable de los citados delitos, le absuelven al considerar que los delitos han prescrito.

La prescripción es una figura jurídica en la que por el paso del tiempo se pierde la posibilidad de ejercer un derecho.

La Audiencia considera que quedó "probado de forma incontestable" que en el momento de los hechos el doctor Vela era ginecólogo y director médico en el sanatorio San Ramón, centro de las denuncias por robo de bebés, y que entregó al matrimonio formado por Inés Pérez Pérez y Pablo Madrigal Revilla, fuera de los cauces legales, a un bebé, simulando la existencia de un parto y estableciendo "una filiación falaz", todo ello sin que "conste que hubiera mediado consentimiento ni tan siquiera conocimiento por parte de los progenitores del recién nacido".

El caso se remonta a 2011, cuando la La fiscalía madrileña inició la investigación sobre robo de bebés a raíz de varias denuncias. Estas denuncias señalan que el robo de infantes fue muy común durante la época que siguió a la Guerra Civil española como una manera de represión a los opositores al régimen, pero que esta situación continúo durante el franquismo tardío e incluso en la transición, tras abrirse un gran mercado para niños, operado mayoritariamente por monjas y hospitales católicos.

Las investigaciones apuntaron a la clínica San Ramón, una de las mayores fábricas de bebés, cuyo director era el doctor Vela. Sin embargo la fiscalía encontró serios obstáculos, pues para poder presentar acusación formal se necesitaba evidencia sólida de que el infante no había muerto como lo habían asegurado médicos y enfermeras a los padres biológicos, sino que había sido entregado en adopción ilegal.

La evidencia sólida llegó a través de Inés Madrigal y su madre adoptiva, Inés Pérez, quien tuvo la valentía de declarar la verdad sobre su maternidad ante la fiscalía. Así, Inés Pérez, con más de 80 años, relató en 2013 que, siendo voluntaria en la clínica San Ramón, un día el doctor Vela le entregó “un regalo”: una niña prematura a la que educó, junto con su marido, como a su hija. En 1969, cuando Inés Madrigal nació, Inés Pérez llevaba un matrimonio de 19 años sin hijos y tenía 46 años cumplidos.

Pérez se enfrentó en un careo con Vela en 2013. Ella, explicó que era estéril, que el doctor la había citado en la clínica en 1969 para entregarles un bebé "como regalo" y cómo previamente había intentado convencerla para que simulara un embarazo fingiendo los síntomas típicos y colocándose un cojín en la barriga. Vela dijo que mentía.

Sin embargo, la sentencia establece que el doctor Vela firmó "con su puño y letra" como asistente a un parto en 1969 que "jamás tuvo lugar", porque Pérez no podía tener hijos, además de que la prueba de ADN que se hizo Madrigal para agilizar el proceso demostró un 0% de coincidencia. Gracias al documento del parto que Vela falsificó, Inés Pérez pudo registrar en el Registro Civil a Madrigal como su hija biológica.

En el juicio, Madrigal explicó que no fue consciente de haber sido “robada”, hasta que leyó en 2010 en EL PAÍS un artículo sobre adopciones irregulares en la clínica San Ramón, que dirigía el doctor Vela. Su madre le había contado a los 18 años que era adoptada, pero ella no le dio importancia hasta que leyó ese artículo, buscó su documentación y comprobó que estaba inscrita como hija biológica de sus padres adoptivos y que Vela firmaba como asistente a un parto que nunca existió. Madrigal denunció el caso en 2012.

En este tipo de delitos la jurisprudencia ha establecido dos momentos en los cuales se empieza a contar la prescripción de los casos, que en este supuesto es de diez años. Una tendencia es a partir de que la víctima cumple la mayoría de edad (Inés los cumplió en 1987), y la otra posición es a partir de que la persona ilegalmente sustraída de sus familiares tiene conocimiento del hecho.

Pero como por las circunstancias en las que la madre reveló la verdad a Madrigal, el tribunal consideró que la prescripción debe contarse a partir de que cumplió la mayoría de edad.

"La sala es consciente del desgarro que las conductas enjuiciadas ocasionan a las víctimas de los mismos. Sin embargo, aun cuando los tratados internacionales sobre la materia fijaran la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, esa exigencia que ha sido llevada a nuestro ordenamiento jurídico interno tiene una aplicación de futuro y no es procedente otorgarle una interpretación retroactiva", añade la sentencia.

Fuentes del tribunal explican que decidieron seguir adelante con el juicio y debatir al final si los presuntos delitos cometidos habrían prescrito o no para "poder llegar al fondo del asunto". "Las pruebas ratifican a la víctima y la conducta del acusado ha recibido un reproche penal", añaden.

El abogado de Madrigal, Guillermo Peña, cree que cuentan con argumentos de peso para recurrir al Supremo. "No puede haber prescripción de un delito cuando alguien no es consciente "de ser víctima de él", insistió.

Madrigal sigue buscando a sus padres biológicos. De momento, se ha hecho pruebas de ADN con tres familias, sin éxito.

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