Como parte del proceso legislativo, se están efectuando en varias ciudades de Nueva Zelanda una serie de debates respecto de la iniciativa de ley sobre eutanasia, conocida como End of Life Choice Bill.
La iniciativa fue presentada ante el Parlamento neozelandés el 8 de junio de 2017 y fue aprobada en primera lectura por lo que fue referida al Comité de Justicia que se está encargando de obtener toda la información posible sobre la iniciativa para elaborar un reporte que será presentado al Parlamento para una segunda lectura. Como parte de este ejercicio se han estado efectuando los debates públicos como el que esta semana enfrentó en Wellington al proponente de la ley, David Seymur, y al ex primer ministro Bill English en oposición.
La iniciativa de eutanasia establece el proceso legal para que ciudadanos o habitantes de Nueva Zelanda con residencia permanente, mayores de 18 años, soliciten asistencia médica para morir por sufrir una enfermedad terminal que podría acabar con sus vidas en seis meses o padecer una condición médica grave e irremediable que no pueda ser tratada de alguna forma que se considere tolerable. Para ser elegible el paciente, además, deberá estar en un estado avanzado de disminución irreversible de capacidades, pero tener la capacidad de entender la naturaleza y consecuencias de la muerte asistida.
La solicitud deberá ser considerada por dos médicos certificados, incluido un médico independiente referido por un grupo de consulta sobre el fin de la vida, que formará parte del Ministerio de Salud neozelandés.
En la iniciativa se propone que esté grupo de consulta esté conformado por médicos, expertos en salud mental y farmacéuticos, con la responsabilidad de nombrar a los médicos independientes que considerarán las solicitudes, además de proporcionar asesoría y establecer las normas de cuidados.
Si la solicitud del paciente fuese aprobada, se procede a establecer con el médico tratante el momento y método para terminar con la vida. En este proceso debe participar siempre el paciente quien en cualquier momento puede revertir su decisión.
Asimismo, se propone el nombramiento de un secretario que lleve constancia de las peticiones, de los procesos de asistencia en la muerte, de las prescripciones médicas y que establezca los procedimientos para presentar quejas.
La iniciativa establece que practicantes médicos podrán evitar tratar estos casos por objeción de conciencia, pero siempre deberán referir los casos al grupo de consulta del Ministerio de Salud.
La fecha límite para entregar el reporte por el Comité de Justicia al Parlamento fue prorrogada hasta marzo de 2019 tras haberse recibido más de 35,000 peticiones.
Una vez que se entregue el reporte, el mismo pasará a segunda lectura para luego pasar al pleno. Si es aprobado, habrá un debate y votación finales para ser remitido, de pasar esta etapa del proceso, al gobernador general para su firma e inicio de vigencia.
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