Maletín

Esta semana, el Tribunal Supremo de España ratificó la sentencia que condenó a una abogada a casi tres años de prisión y al pago de una multa por haberse apoderado de 129,500 euros al haber tramitado un juicio sucesorio a favor de una niña.

En enero de 2017, la Audiencia Provincial de Zaragoza encontró a la abogada culpable de apropiación indebida, de falsificar un documento mercantil y de estafa procesal en grado de tentativa al haberse apropiado de 129,500 euros que formaban parte de la masa hereditaria. Así, fue condenada a prisión, al pago de una multa de 4,320 euros de multa y a devolver el dinero que sustrajo de la herencia de la menor más los intereses legales acumulados desde que se hizo efectiva la herencia, es decir, noviembre de 2011.

En su defensa, la abogada alegó que esa cantidad correspondía a sus honorarios profesionales derivados de un contrato, que ella misma había firmado en nombre de su cliente usando un poder. Así, dijo que la retención de 129,500 euros era el porcentaje de sus honorarios por la realización de las gestiones profesionales de diversos asuntos, así como los correspondientes de aceptación de la herencia y bienes heredados por la niña, entonces de 7 años.

Al respecto, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo concluyó, como lo hicieron las instancias previas, que el poder en que la abogada basó su defensa, sólo la facultaba para “intervenir en la herencia, aceptarla, aprobar o impugnar inventarios, cuentas y practicar cuanto procediera hasta la terminación de las operaciones particionales, así como afirmar los documentos relacionado con tales fines”. Lo anterior significa que del mencionado poder no se deriva la facultad de fijar en su nombre el precio de los honorarios que correspondieran por la prestación de servicios profesionales.

Para el Tribunal Supremo existe “una actuación profesional en la que se evidenció desde el inicio un ánimo apropiatorio de lo ajeno con disposición de los bienes con carácter definitivo en perjuicio de su titular”. Así, no se trata de un caso de una “deuda insatisfecha o… un entrecruce de intereses ante una liquidación que determine a quien corresponde el derecho a recibir una cantidad y a quien la obligación de satisfacerla como consecuencia de una relación profesional”.

Ahora, la abogada, cuyo nombre no se ha dado a conocer, tendrá que cumplir la sentencia impuesta pues su caso ya no admite recurso.

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