Fachada Corte Suprema de Argentina

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina resolvió que el personal de servicio doméstico está protegido por un régimen de salarios mínimos, por lo que no es legal impedir el goce de derechos a la retribución justa y al salario mínimo.

El máximo tribunal revocó así la decisión del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes que había bajado a la mitad la indemnización de una empleada vulnerando las escalas salariales fijadas por el Ministerio de Trabajo para los empleados de casas particulares.

El órgano judicial de Corrientes había reducido a menos de la mitad la indemnización por despido a una trabajadora doméstica. La trabajadora reclamó ante la justicia el pago de las indemnizaciones por despido solicitando que se calcularan tomando en cuenta el salario mínimo para el personal de servicio doméstico que había establecido el Ministerio del Trabajo en 2009, cuando inició el juicio, es decir, un sueldo mensual de 1,096.20 pesos argentinos, unos 36 dólares.

Sin embargo, los jueces del Superior Tribunal de Corrientes consideraron que, como su provincia no se había adherido expresamente a la reglamentación nacional y tampoco había establecido una reglamentación propia, dentro del territorio provincial había que atenerse a la remuneración libremente pactada por las partes de acuerdo con las costumbres vigentes en cada localidad, en este caso, un salario de 480 pesos argentinos al mes, unos 16 dólares.

La Corte Suprema revocó esa decisión señalando que el régimen para el personal de servicio doméstico por entonces vigente imponía la fijación de salarios mínimos para todos los trabajadores comprendidos en esa actividad.

"La demandante tiene derecho a un pronunciamiento que sea respetuoso del orden legal y de las garantías de retribución justa y de salario mínimo, dado que se trata de prerrogativas consagradas para todos los trabajadores del país, sin distingo de tareas o ámbito personal o territorial en que se presten" establece la sentencia.

"Por ello, de conformidad con lo dictaminado, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada, con el alcance indicado", señaló brevemente el máximo tribunal sobre la demanda planteada

También puntualizó que la solución dada al caso por la justicia provincial vulneraba los derechos a la retribución justa y al salario mínimo consagrados por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por diversos tratados internacionales sobre derechos humanos.

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