Un sexagenario perdió, por el momento, su caso en que solicitó al tribunal irlandés que se levantara la tutela judicial y se le permitiera abandonar el hogar de adultos mayores en que se encuentra actualmente para ir a vivir a su casa.
El hombre padece fuertes ataques de epilepsia y de una enfermedad del cerebro y, según dos médicos especialistas, carece de la capacidad necesaria para cuidar de sí mismo, tomar decisiones y atender sus finanzas, una opinión con la que no estuvieron de acuerdo otros dos especialistas.
El caso fue revisado por el magistrado Peter Kelly, presidente del Tribunal Superior de Irlanda, quien accedió a escuchar el caso en el hogar en que reside el anciano a las afueras de Dublín. Lo hizo de esta forma porque uno de los médicos tratantes opinó que el hombre podía sufrir un ataque de epilepsia si se sometía al estrés de un proceso formal en una sala judicial.
El peticionario ha residido en el hogar durante algunos meses, pero pidió a la corte que se levantara la tutela impuesta tras recomendación del Servicio de Salud de Irlanda que concluyó que no podía cuidar de sí mismo pues mientras vivió solo en su casa estuvo malnutrido y fue admitido en varias ocasiones al hospital.
Durante la audiencia de dos horas sostenida la semana pasada, el hombre dijo al juez Kelly que, aunque sabía que su vida corría riesgo por sus ataques epilépticos, prefería vivir en su casa y visitar la tumba de su madre y no recluido en el ambiente seguro del hogar.
Al resolver el caso el juez Kelly planteó tres preguntas: ¿Es el peticionario mentalmente sano? ¿Es capaz de manejar sus asuntos? ¿Es necesario y apropiado para él mantenerlo bajo tutela? Habiendo examinado la evidencia médica presentada concluyó que el hombre debía permanecer bajo tutela, siendo este un caso de absoluta necesidad. Para tal efecto nombró al abogado general de menores y tutelados como guardián y responsable de seguir las pautas aprobadas por el tribunal con respecto al tratamiento del hombre y sus asuntos financieros.
Conocida la decisión judicial, SAGE, Support and Advocacy Service, la organización que representó al peticionario se manifestó decepcionada de que se obligara a su representado a vivir en un lugar que no es de su elección, habiendo perdido su identidad legal, sus derechos como ciudadano y su capacidad de elegir dónde vivir, todo basado en una ley que data de 1871.
El juez Kelly ordenó nuevas evaluaciones médicas y psicológicas y fijó el 15 de octubre como fecha para volver a escuchar el caso y conocer si la situación del anciano ha variado.
Más información irishtimes.com
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