Pazo de Meirás, Galicia

En España, específicamente en la provincia de La Coruña, Galicia, un grupo de juristas analiza el regreso al estado de una propiedad que ha estado bajo la posesión de los herederos del dictador Francisco Franco, concluyendo que la supuesta donación al dictador fue ilegal.

Se trata del Pazo de Meirás, una edificación de finales del siglo XIX que en 1938 las autoridades franquistas coruñesas entregaron a Francisco Franco como residencia veraniega.

La Fundación Franco asegura que el Pazo fue donado al dictador por el pueblo gallego mediante suscripción pública. Sin embargo, Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, citados por la BBC, aseguran que la compraventa de la propiedad que fue donada al dictador fue "financiada con todo tipo de extorsiones y abusos contra el erario público”, pues se derivaron fondos de las arcas municipales de los ayuntamientos, se obligó a los trabajadores a descontar parte de sus salarios o incluso se derivaron fondos por la recaudación de multas.

Cuando Franco murió en 1975, la residencia pasó a manos de sus herederos.

En la provincia se han organizado grupos que piden que el pazo sea declarado patrimonio público, alegando que no hubo donación sino un “expolio” al pueblo gallego.

En 2008, la Xunta de Galicia declaró el Pazo Bien de Interés Cultural (BIC), lo que obligó a los Franco a abrir la propiedad al público de forma gratuita cuatro días por mes. Los Franco recurrieron esta decisión, además de que han incumplido con los horarios de visita motivo por el cual ya han sido multados.

Tras el incremento de las peticiones para que el pazo regresara a manos de los gallegos, el presidente de la Xunta de Galicia anunció la creación de una comisión para estudiar si hubo "vicios ocultos" en la donación del inmueble, lo que permitiría dejarla sin efecto.

Esta Comisión, integrada por 12 especialistas, entre ellos catedráticos de Derecho de las tres universidades gallegas, funcionarios públicos, notarios y abogados de la Xunta y de otras administraciones, entregó esta semana su informe en el que concluyen que el estado está legitimado para reclamar Meirás porque la finca adquirió la condición de bien de dominio público por usucapión. Esta figura se refiere a la posesión de un bien de forma pacífica, continuada e ininterrumpida durante más de 30 años.

Los especialistas concluyen que el estado gallego ha tomado posesión de la propiedad todo este tiempo por las inversiones públicas realizadas en el pazo por más de 20 millones de pesetas solo en reformas financiadas por el Ministerio del Ejército a lo largo de 31 años. "En este periodo, el pazo fue mantenido, conservado, rehabilitado y ampliado con fondos públicos", explicó José Manuel Busto Lago, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de A Coruña, fundamentando las conclusiones en documentos encontrados en el Archivo Intermedio Militar Noroeste de A Coruña y en el Archivo General del Palacio del Pardo.

En este último archivo se encontró evidencia de celebración de recepciones oficiales y consejos de ministros y de que Meirás funcionaba como residencia oficial de verano al mismo nivel que el Palacio de Aiete de San Sebastián, que es propiedad municipal, pagando nómina a cocineros, camareros y demás personal oficial.

Sobre los derechos que los Franco podrían invocar, hay opiniones contrarias, pues mientras algunos especialistas de la Comisión sostienen que no tienen derecho a nada, otros opinan que podrían presentar una demanda para recuperar las inversiones que hayan hecho en la propiedad entre 1975 y la actualidad. Todo radica en si se demuestra que los Franco ocuparon la propiedad desde ese año de buena fe o si, por el contrario, sabían de la nulidad del acto jurídico desde el principio. Hay quienes opinan que nunca hubo buena fe en la posesión de la residencia.

Además de las acciones que la Xunta pueda iniciar a partir de este informe, con el cambio de gobierno en España se ha abierto otra vía judicial para la recuperación a través de la oficina del Patrimonio Nacional que puede impugnar en los tribunales el contrato de compraventa que firmó Francisco Franco en 1941 por ser "simulado".

Esta última opción fue propuesta a Patrimonio Nacional durante el anterior gobierno del PP, el que no actuó bajo el argumento de no estar facultado para hacerlo. Ahora, con el PSOE en el gobierno la oficina podría iniciar la impugnación.

Por el momento, Benito Portela, alcalde de Sada, municipio donde se ubica el pazo, envió una carta al presidente Pedro Sánchez para que, basándose en este informe, tome medidas urgentes sobre el pazo de Meirás como las que ha anunciado para el Valle de los Caídos del que ha declarado que dentro de muy poco los restos de Franco saldrán de este monumento, cumpliendo “con el mandato del Congreso de los Diputados de 2017 de convertir el Valle de los Caídos en un lugar de reconciliación”. Así lo manifestó a El País el presidente español.

Más información elpais.com / bbc.com/mundo

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