Persona en la cárcel

El Congreso de la República de Colombia ha aprobado una ley que facilitará el sometimiento colectivo de las bandas criminales ante la justicia y obtendrán a cambio la reducción de las penas aplicables hasta en un 50%.

La iniciativa, aprobada este miércoles en Senado y Cámara, no contempla beneficios judiciales, ni rebajas de penas adicionales, ni prebendas distintas a la de acabar con la persecución, y se aplicará de forma colectiva a las bandas criminales (Bacrim) y no de forma individual a sus miembros.

La ley define como Grupos Armados Organizados (GAO) aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas; Grupo Delictivo Organizado (GDO), el grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

Los grupos armados que colaboren con la justicia, deberán designar un representante del grupo armado organizado que manifestará de manera escrita al gobierno colombiano la voluntad de sujetarse colectivamente. Dicha solicitud deberá contener la manifestación expresa, libre y voluntaria del grupo, información precisa que señale su estructura, y las conductas delictivas que serán reconocidas.

Además deberán entregar una relación detallada de sus bienes, identificar a los secuestrados y desaparecidos y establecer un plan para reparar a las víctimas.

Junto con estos documentos, el grupo armado organizado deberá remitir las respectivas actas de sujeción individual de cada uno de los miembros que se van a someter a la justicia, especificando su nombre, documentación, firma y huella. En ella, cada persona deberá especificar la fecha de ingreso a la organización, el rol o roles que asumió, las zonas geográficas donde cometió actividades delictivas, un compromiso para no volver a cometer conductas punibles y una exposición detallada de su participación en cada una de las conductas sobre las que reconoce responsabilidad.

Una vez iniciado el proceso de sujeción a la justicia, la fiscalía podrá suspender las órdenes de captura a los miembros del grupo armado organizado, siempre que exista una solicitud previa del Consejo de Seguridad Nacional. Esta suspensión se aplicará exclusivamente en el territorio definido para los acercamientos y podrá ser revocada en el momento en el que el individuo cometa nuevos delitos o incumpla con las normas de conductas colectivas.

En cuanto a los delitos que no se encuentren en el acta de sujeción individual, es decir, que no hayan sido reconocidas expresamente por el individuo cuando manifestó su voluntad de someterse a la justicia, serán investigados y juzgados bajo la legislación del Código de Procedimiento Penal.

Las acusaciones serán únicamente sobre los hechos cuya responsabilidad fue reconocida en el acta de sujeción individual, Si al momento de la audiencia en la que el juez debe imponer fallo condenatorio y medidas privativas de la libertad, el acusado decide no aceptar su responsabilidad, se dará por terminado ese proceso especial y se sujetará al Código de Procedimiento Penal.

El proyecto permitirá rebaja de penas de hasta el 50% para los miembros de grupos criminales, como el Clan del Golfo, que decidan someterse. Salvo que se trate de delitos de lesa humanidad, la disminución de la pena será solo del 30%. Ahora sólo queda que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, la promulgue.

Esta legislación podría ser un ejemplo de lo que se puede hacer en México.

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