Tres personas que ayudaron a cruzar la frontera entre Italia y Francia a inmigrantes fueron presentadas ante un tribunal francés este jueves, el que suavizó las estrictas medidas impuestas en su fianza.
Los imputados son la estudiante italiana de 27 años Eleonora Laterza, el estudiante suizo de 26 años Bastian Stauffer y un joven de 23 años de nacionalidades belga y suiza, quienes fueron detenidos en abril por haberse unido a una marcha de 100 activistas que escoltaron a unos 20 migrantes en el paso de los Alpes.
Estos tres jóvenes no son los únicos en estar siendo procesados por ayudar a migrantes. El miércoles hubo audiencia en el proceso que se lleva en Niza en contra de una voluntaria de Amnistía Internacional de 73 años que ayudó a dos inmigrantes africanos menores de edad a entrar a Francia.
Así, desde 2015 por lo menos 12 activistas han sido multados o sancionados con sentencias suspendidas de prisión por haber ayudado a migrantes. Uno de ellos es Cedric Herrou, agricultor del sur de Francia, condenado a cuatro meses de prisión suspendida por ayudar a migrantes a cruzar la frontera francoitaliana y a quien esta semana el alcalde de Grenoble le entregó una medalla al mérito ciudadano por sus actos en defensa de los más vulnerables.
Estos procesos han sido señalados por los activistas como la “criminalización de la solidaridad”, aunque para el gobierno francés el prestar auxilio a migrantes es un delito tipificado en la legislación penal.
Si bien el mes pasado la ley fue reformada para eliminar del tipo penal el proporcionar alimentos gratuitos, hospedaje, asistencia médica y legal a los migrantes, permaneciendo como delito el ayudar en su ingreso a Francia, el gobierno ha anunciado que las leyes para detener la inmigración ilegal serán reforzadas. Así, una iniciativa que está siendo discutida propone reducir de doce a seis meses el tiempo para las solicitudes de asilo y facilitar la deportación de migrantes “económicos”, cuyas solicitudes para permanecer en Francia han sido rechazadas.
Respecto del proceso a los tres jóvenes, cuya audiencia se sostuvo esta semana, el tribunal redujo las estrictas medidas impuestas en sus fianzas, permitiendo a los estudiantes regresar a sus universidades a presentar exámenes y al tercero a regresar a su trabajo. La siguiente audiencia se fijó hasta el próximo 8 de noviembre, concediendo tiempo suficiente a la Corte Constitucional para resolver la cuestión planteada respecto de si conceder ayuda humanitaria debe ser tipificado o no como delito.
Cabe señalar que, si el tribunal encuentra culpables a estos tres activistas de ayudar al ingreso ilegal de personas como parte de una organización criminal, podrían recibir sentencias de hasta 10 años de prisión, una multa de hasta 750,000 euros y la prohibición de volver ingresar a territorio francés.
En defensa de estos activistas, esta semana se publicó en el periódico Le Monde un desplegado firmado por más de 120 líderes educativos, científicos y políticos, en el que acusan a los fiscales franceses de burlarse de la promesa constitucional de fraternidad e igualdad para todos.
También en apoyo se llevaron a cabo manifestaciones en las que un joven de 23 años originario de Camerún dijo: “Una persona negra que salva a una persona blanca merece elogios, una persona blanca que ayuda a una persona negra merece la prisión”, en relación con el otorgamiento de la nacionalidad francesa al inmigrante de Malí que ayudó a salvar la vida de un niño que colgaba de un balcón en un edificio.
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