Sergio Gigliotti y Cristina Morlacon Kiki

En Argentina se está destacando en los medios el caso de un niño de tres años que fue separado de la familia solidaria que lo crió durante dos años, en una decisión administrativa que ha puesto en duda el sistema de protección a la infancia en ese país.

Cuando Kiki tenía un año de edad, en junio de 2016, fue retirado de su familia biológica porque según la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, estaba en riesgo su integridad física.

El niño estuvo trece días en una institución y después fue entregado a lo que se denomina una Familia Solidaria, compuesta por Sergio Gigliotti y Cristina Morla.

La Ley 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que “sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible puede recurrirse a una forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar”. En este caso las familias solidarias firman un acuerdo con la Subsecretaría de Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes que establece que la estancia del menor será por seis meses, en ese periodo el Estado debe resolver la situación del niño. Asimismo señala que las familias que cuidan a un niño dentro del programa no pueden figurar en el registro para adoptar, que no pueden adoptar al menor que se encuentra bajo su cuidado y se comprometen a restituirlo cuando les sea requerido.

En el caso de Kiki, permaneció con los Gigliotti Morla durante dos años, por lo que lógicamente el niño y la pareja desarrollaron vínculos afectivos, llamándoles incluso papá y mamá. Según la pareja estuvieron preguntando a la Subsecretaría sobre el caso de Kiki, pero ellos contestaban con evasivas.

Según la Subsecretaría, en marzo de 2017 se solicitó al juzgado de familia resolver definitivamente la situación del niño, declarándolo en Estado de Adoptabilidad. En mayo de 2017 nació un hermano de Kiki quien fue alojado por otra familia solidaria.

Mientras, en octubre de 2017, los Gigliotti Morla solicitaron la guarda preadoptiva del menor conforme con lo previsto en el Código Civil de Argentina.

Sin embargo, el 18 de enero la Subsecretaría les solicitó que entregarán al menor a fin de que fuera acogido por otra familia solidaria mientras se definía la adopción conjunta de él y su hermano de ocho meses.

Los Gigliotti Morla llevaron su caso a tribunales que en primera y segunda instancia han concluido que “… a la luz de la legislación nacional y provincial, la Constitución nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos, la potestad de decidir es competencia exclusiva del órgano administrativo competente local”, es decir, de la Subsecretaría.

Según la resolución "… la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, organismo competente, se encontraba legitimado para efectuar el cambio de alojamiento del niño, contando con la previa evaluación de su equipo profesional para la determinación de la decisión tomada, fundamentándose en garantizar el vínculo fraterno con su hermano menor, quien reside en otra localidad y en otras circunstancias que han evidenciado un inadecuado rol de la familia solidaria".

La defensa de la familia planteaba que la desvinculación del niño de sus padres solidarios era "un acto ilegítimo por el cual se afectan derechos y garantías constitucionales del mismo, provocándole un daño actual". El defensor de la familia consideró "indispensable hacer cesar los efectos nocivos del acto, retrotrayendo la situación al estado anterior a su ejecución".

Pero la juez respondió: "La autoridad administrativa del ámbito regional y la autoridad de aplicación provincial son los únicos funcionarios con competencia para dirigir el procedimiento y para declarar y disponer por resolución administrativa debidamente fundada alguna medida de protección excepcional y definir la modalidad de ésta".

Parece que en el caso está prevaleciendo el criterio administrativo sobre el interés superior de los menores, más aun, que los Gigliotti Morla han manifestado que están dispuestos a adoptar a Kiki y a su hermano.

Según la Ley 12.967 se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos y los que en el futuro pudieren reconocérsele.

Asimismo, señala que la determinación del interés superior debe respetar entre otros su condición de sujeto de derecho y su derecho a ser oído cualquiera sea la forma en que se manifieste y a que su opinión sea tenida en cuenta, entre otros.

Pero especialmente para este caso su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar asimilable a su residencia habitual donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.

Finalmente, la propia ley establece que cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecen los primeros, lo cual no está sucediendo en este caso.

Así, de no resolverse el caso a favor de Kiki y los Gigliotti Morla, el niño habrá estado en sus escasos tres años de vida, en cuatro familias distintas: su familia biológica, los Gigliotti Morla, una segunda familia solidaria y su familia definitiva.

¡Cuántos casos como el de Kiki no existirán!

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