Cartel sobre los toros en Islas Baleares

El Tribunal Constitucional de España ha decidido levantar la suspensión cautelar de los artículos de la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Illes Baleares que fueron impugnados por el gobierno español.

La suspensión cautelar se decretó el pasado mes de diciembre atendiendo a los argumentos iniciales del gobierno español de que la comunidad autónoma “no tiene en su Estatuto competencias específicas para la protección de animales" y que "la regulación del Parlamento balear incumple determinados preceptos de leyes estatales, tanto las referidas a patrimonio inmaterial como las referidas a la tauromaquia".

Las disposiciones suspendidas incluían aquellas que obligan a que todos los toros que se toreen en plazas de las Islas Baleares tengan un mínimo de 4 años cumplidos y en cualquier caso menos de 6; pesos mínimos de los toros y obligación de una báscula de pesaje en todas las plazas independientemente de la categoría de la plaza de que se trate.

Asimismo, la cancelación por parte del presidente de la plaza de la corrida si no se cumplen los requisitos y el reconocimiento veterinario de los toros para comprobar el estado sanitario y de bienestar del animal una vez terminado el espectáculo.

Además, los animales que tengan que ser toreados deben llegar a la plaza de toros como mínimo 48 horas antes de la celebración del espectáculo taurino, no deben ser recluidos en los chiqueros de la plaza durante su estancia y deben volver  tras la corrida a los mismos corrales.

Finalmente la suspensión incluía la prohibición de la presencia de caballos durante las corridas de toros, la limitación a tres toros por espectáculo y con una duración no superior a 10 minutos, y que no se pudieran usar divisas, puntas de pica, banderillas, picas, farpas, estoques o espadas, verduguillos puñales ni ningún instrumento punzante que puedan producir heridas o la muerte del toro.

El Tribunal consideró que el gobierno español no motivó de forma suficiente las razones por las cuáles debía permanecer la suspensión.  Alegaban que el levantamiento de la suspensión podría causar un perjuicio grave e irreparable al interés general porque la norma recurrida prohíbe en las Islas Baleares las corridas de toros “tal y como se entienden en el resto del territorio nacional” y en el formato que las leyes españolas protegen como patrimonio cultural. Pero ese perjuicio grave no fue probado.

Asimismo, se argumentaba un perjuicio a los intereses privados, calculando las pérdidas en 4 millones de euros, pero según información proporcionada al Tribunal por el propio gobierno español, la presencia de los festejos taurinos en esa Comunidad Autónoma es “más bien escasa”. En consecuencia, “el impacto global de la actividad sería modesto”.

Además, el Pleno explica que el cálculo del perjuicio económico se basa en una premisa errónea, como es que la aplicación de la ley supondría “la completa eliminación de los espectáculos taurinos”, sin embargo, esa no es la consecuencia de la nueva regulación, pues “existen manifestaciones de tauromaquia incruenta (sin muerte ni sangre) que podrían sustituir a las anteriores”. El Tribunal tampoco acepta, por constituir sólo una hipótesis, el argumento según el cual los promotores taurinos no impulsarían esos otros espectáculos ante las dudas de que gustarán al público.

De este modo, la ley autonómica estará vigente hasta que el tribunal constitucional resuelva el fondo del asunto.

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