Manos pagando dinero

Una momentánea confusión reinó el pasado lunes en el tribunal de Milán, Italia, cuando se suponía que diera inicio el proceso en contra de Shell y Eni por corrupción en Nigeria, cuando dos abogados se presentaron como representantes del gobierno nigeriano.

El caso se remonta a 2011 por la venta a Shell y Eni del campo petrolífero en alta mar OPL-245 por 1,300 millones de dólares en lo que se presume es una de las zonas petroleras más ricas de África. Eni es una multimillonaria empresa petrolera y de gas italiana cuyas oficinas principales se ubican en Roma.

La venta se hizo por funcionarios del gobierno de Goodluck Jonathan, muchos de los cuales están siendo procesados por corrupción en Nigeria y en otros países como Reino Unido, Italia y Estados Unidos. Una de estas funcionarias es la ex ministra del petróleo Diezani Alison-Madueke, a quien el gobierno ya le ha decomisado numerosas propiedades y congelado cuentas de banco.

La corte italiana revisará los cargos presentados por la fiscalía en contra de Shell y Agip, filial de Eni en Nigeria, por presuntos sobornos pagados a funcionarios nigerianos para ganar el contrato.

El proceso estaba programado para iniciar este lunes 5 de marzo en un tribunal en Milán. Sin embargo, el juez explicó a los abogados que por carga excesiva de trabajo el caso queda diferido hasta el próximo 14 de mayo.

La doble representación de los intereses del gobierno de Nigeria ante el tribunal italiano ha levantado nuevas sospechas sobre el deseo del gobierno actual de seguir con estos casos. Lo anterior porque uno de estos abogados dijo que no planea pedir resarcimiento de daños por parte de Eni, lo que parece estar conforme con la idea del fiscal general de Nigeria, Abubakar Malami, quien en una carta firmada el pasado mes de octubre y dirigida al presidente Buhari, le pidió que se retiraran los cargos de corrupción en contra de los ex funcionarios nigerianos, que incluye a ex ministros del petróleo y a un ex procurador general, argumentando falta de evidencia. Además, explicó, proseguir con estos casos expondría a Nigeria ante la opinión internacional como un país poco confiable en materia de inversiones.

Incluso, el actual ministro del petróleo pidió al presidente Buhari que cediera el controvertido campo petrolífero a Shell y Eni para que iniciaran las labores de explotación.

“Estamos igualmente confundidos de que usted argumentó al presidente que el Acuerdo Resolutivo con Shell y Eni es “sacrosanto” cuando los abogados del Consejo Informativo Financiero (actuando en su nombre) han descrito que ese acuerdo es ‘inconstitucional’, ‘corrupto’ y ‘una conspiración’ para defraudar a Nigeria”, respondió al fiscal Malami, Ibrahim Magu,presidente de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, pidiendo al presidente Buhari que prosiguiera con los casos de corrupción.

Ahora se espera que el gobierno nigeriano aclare por qué estaban dos abogados presentes en el tribunal italiano y cuál es la estrategia legal para seguir en este proceso.

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