Después de haber perdido en primera instancia ante un tribunal de Oslo, Noruega, grupos ambientalistas han declarado que llevarán su caso ante la Suprema Corte noruega para que decida si los contratos otorgados a petroleras en el mar de Barents son violatorios de su derecho constitucional a un medio ambiente sano.
Greenpeace y la organización Natur og Ungdom, Naturaleza y Juventud, entre otros, demandaron en 2016 al estado noruego por el otorgamiento de 10 concesiones a 13 compañías petroleras para la exploración petrolera en la zona ártica, en zona marítima fronteriza con Rusia.
La demanda planteaba que con estas concesiones el gobierno ha violado el artículo 112 de la Constitución noruega, reformado en 2014, y que establece que “Cada persona tienen el derecho a un medio ambiente que sea propicio para la salud y a un medio ambiente natural cuya productividad y diversidad sea mantenida. Los recursos naturales deben ser administrados sobre las bases de consideraciones integrales de largo plazo por lo que este derecho será salvaguardado para futuras generaciones”.
Acusaban, además, al gobierno de noruego de infringir con estas concesiones los términos del Acuerdo de París que busca reducir la emisión de gases efecto invernadero mediante la reducción del uso de combustibles fósiles.
Pese a que los ambientalistas creían tener un caso seguro, el tribunal de Oslo concluyó que el estado noruego no puede hacerse responsable de las emisiones de CO2 causadas por hidrocarburos que se exporten a otros países.
Además de haber fallado en su contra, condenó a los demandantes a pagar las costas judiciales por un monto de 580,000 coronas noruegas, casi US$74,000.
“Ya hay suficiente dióxido de carbón en la atmósfera para dañar seriamente nuestro futuro”, declaró sobre el fallo Truls Gulowsen, director de Greenpeace en Noruega. “Al abrir estas prístinas zonas para la explotación petrolera, Noruega está efectivamente contrabandeando sus emisiones fuera de sus propias fronteras y fomentando el cambio climático, lo que afecta a todos en todas partes”, añadió el activista.
Ahora la Suprema Corte de Noruega debe decidir si escucha este caso o no. De negarse a hacerlo, la apelación podría presentarse ante una corte se segunda instancia, lo que alargaría el proceso.
Cuando el proceso inició en Oslo el pasado mes de noviembre, el profesor Ole Kristian Fauchald de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oslo dijo que “lo que suceda en Noruega en este caso tendrá un efecto en la forma en que estos asuntos se consideren en todas partes”, así que es importante que en este caso se agoten todas las instancias legales.
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