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Este miércoles, la Comisión Europea decidió activar por primera vez el procedimiento disciplinario en contra de Polonia, al considerar que con los cambios legislativos de los dos pasados años se ha comprometido en ese país la independencia del poder judicial y con ello puesto en riesgo el Estado de Derecho.

La medida disciplinaria está prevista en el Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea y se activa cuando uno de los estados miembros deja de cumplir con alguno de los valores señalados por el Artículo 2. Estos valores son el respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.

La Comisión Europea ha estado monitoreando las reformas legislativas que Polonia ha estado realizando respecto del poder judicial, advirtiendo que al violar la independencia judicial se está incumpliendo el valor del respeto al Estado de Derecho.

Son 13 leyes las que Polonia ha aprobado respecto del poder judicial, la más reciente el pasado 15 de diciembre, lo que ha dado pie a la emisión de una 4ª Recomendación sobre el Estado de Derecho en las que se invita a las autoridades polacas a:

·         Modificar la ley de la Corte Suprema, no aplicar una edad de jubilación más baja a los jueces actuales, eliminar el poder discrecional del presidente para prolongar el mandato de los jueces de la Corte Suprema y eliminar el procedimiento de apelación extraordinaria, que incluye un poder para reabrir sentencias definitivas tomadas años antes;

·         Modificar la ley sobre el Consejo Nacional para el Poder Judicial, no dar por terminado el mandato de los jueces-miembros y garantizar que el nuevo régimen de nombramientos continúe garantizando la elección de jueces-miembros por parte de sus pares;

·         Modificar o retirar la ley sobre la organización de tribunales ordinarios, en particular para eliminar el nuevo régimen de jubilación de los jueces, incluidos los poderes discrecionales del Ministro de Justicia para prolongar el mandato de los jueces y nombrar y destituir a los presidentes de los tribunales;

·         Restaurar la independencia y la legitimidad del Tribunal Constitucional, garantizando que sus jueces, el presidente y el vicepresidente sean elegidos legalmente y asegurándose de que todos sus fallos se publiquen y se apliquen plenamente;

·                Abstenerse de acciones y declaraciones públicas que podrían socavar aún más la legitimidad del poder judicial.

Lo anterior porque, conforme al primer vicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans, con la ley aprobada el pasado viernes casi el 40 por ciento de los actuales jueces de la Suprema Corte de Polonia serán forzados al retiro, con la facultad discrecional del presidente de decidir si prorroga sus mandatos y por cuanto tiempo. Además, todos los nuevos magistrados del máximo tribunal serán nombrados por el presidente, siguiendo recomendaciones del recién creado Consejo Nacional de la Judicatura, cuyos integrantes fueron nombramientos políticos del partido gobernante, Ley y Justicia.

El artículo 7 tiene por objeto garantizar que todos los países de la Unión Europea respeten los valores comunes de la Unión, incluido el Estado de Derecho. Contiene dos mecanismos. El mecanismo preventivo solo se puede activar en caso de un “riesgo claro de violación grave”. El mecanismo sancionador aplica solo en caso de una “violación grave y persistente por parte de un Estado miembro” de los valores estipulados en el artículo 2", siendo este el caso de Polonia.

El mecanismo sancionador permite al Consejo suspender ciertos derechos que se derivan de la aplicación de los Tratados en el país de la Unión Europea en cuestión, incluidos los derechos de voto de ese país en el Consejo.

Adicionalmente, se ha decidido llevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la Ley de Tribunales Ordinarios de Polonia puesto que establece la discriminación por razón de género al establecer diferentes edades de retiro para las mujeres (60 años) y para los hombres (65 años), disposición contraria a Tratados y directivas europeas.

También se someterá a consideración del Tribual de Justicia la facultad discrecional del ministro de Justicia de prorrogar el mandato de los jueces que han llegado a la edad de retiro.

Polonia tiene ahora un plazo de tres meses para adoptar las recomendaciones e informar de ello a la Comisión. De no hacerlo, el proceso disciplinario continuará y podría terminar en la imposición de sanciones a Polonia.

Se trata de un tema importante con el que está teniendo que lidiar el nuevo primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, del conservador Partido Ley y Justicia, en el cargo desde el pasado 11 de diciembre tras la renuncia de Beata Szydło, quien ocupó el cargo desde el 2015.

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