Ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito de los Estados Unidos, el lunes de esta semana se efectuó una audiencia relacionada con la demanda que 21 adolescentes presentaron en contra de Donald Trump y otros altos funcionarios de la administración por violar su derecho a un medio ambiente sano.
La demanda fue presentada por jóvenes del estado de Oregon en 2015 y originalmente era en contra del presidente Obama y altos funcionarios de su administración, para cambiar los nombres de los demandados en febrero de 2017 con el cambio de administración.
En esta demanda los adolescentes exponen que tanto el gobierno como la industria petrolera conocían y conocen los riesgos de las actividades industriales en cuanto al cambio climático y que, sin embargo, no han tomado cartas en el asunto, violando con ello el derecho constitucional que tienen a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.
En 2016, un juez federal en Oregon concluyó que la demanda podía proseguir, fijando fecha de inicio de juicio febrero de 2018. Sin embargo, abogados del gobierno federal presentaron una solicitud de suspensión para solicitar a la Corte de Apelaciones la emisión de una orden extraordinaria para impedir que el juicio inicie.
De esta forma, la audiencia que se sostuvo este lunes fue ante la Corte de Apelaciones, en la cual el Departamento de Justicia, representado por el abogado Eric Grant, declaró que la demanda no tiene méritos y que permitir que continúe el proceso podría llevar a una crisis constitucional.
Como parte de sus argumentos, el abogado Grant expuso que “conforme con los demandantes virtualmente todo ciudadano de los Estados Unidos tiene derecho de demandar virtualmente a cualquier agencia”, añadiendo que esto distraería al poder ejecutivo de sus funciones.
Pese a que la solicitud no ha sido resuelta, expertos estiman que la petición del Departamento de Justicia no tendrá éxito debido a que dos jueces del panel de tres manifestaron preocupación por los canales utilizados por el gobierno para pedir que se desechara la demanda mediante una moción extraordinaria.
“Si sentamos un precedente en este tipo de caso, no existiría límite lógico a ello”, señaló la magistrada Marsha Berzon añadiendo que la corte de apelaciones se vería inundada con cientos de peticiones similares si concedieran al gobierno la moción.
De no concederse la suspensión definitiva del proceso, éste iniciará en febrero de 2018 como estaba previsto.
Es interesante notar que son los jóvenes quienes empiezan a pedir cuentas a los gobiernos por sus malas gestiones respecto del medio ambiente. En México, por ejemplo, se concedió el amparo solicitado a nombre de 100 niños para detener el desarrollo inmobiliario de Tajamar en Cancún, Quintana Roo, y en septiembre pasado, 10 niños y adolescentes presentaron una demanda de amparo por la contaminación del Río Gallinas, ubicado en el municipio de Aquismón, San Luis Potosí.
Mientras, en Europa, en noviembre de este año siete niños portugueses presentaron una demanda ante la Corte Europea de Derechos Humanos para exigir que los 47 estados miembros de la Unión Europea reduzcan drásticamente sus emisiones de gases efecto invernadero.
Ya veremos cómo se van resolviendo todos estos casos que nos interesan a todos.
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