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Un tribunal de Victoria, Australia, aprobó esta semana el acuerdo al que llegó el gobierno federal, encabezado por el primer ministro Malcolm Turnbull, y 1,923 refugiados en el centro de detenciones de la Isla Manus en Papúa Nueva Guinea, por el que se les pagará una compensación de 70 millones de dólares australianos.

La acción colectiva presentada por los 1,923 refugiados detenidos en el mencionado centro de detenciones entre 2012 y 2014, fue llevada por el despacho jurídico Slater and Gordon, cuyo vocero declaró que este parece ser el acuerdo más oneroso al que se ha llegado en Australia en materia de derechos humanos.

Argumentando haber sufrido lesiones físicas y psicológicas, además de un encarcelamiento ilegal, los refugiados demandaron al gobierno, el que, mediante este acuerdo, hace notar que no admite responsabilidad alguna respecto de las acusaciones. Así, el gobierno australiano explicó que fue en beneficio de los contribuyentes llegar al acuerdo porque el proceso, que hubiera tomado unos seis meses, hubiera costado decenas de millones de dólares tan solo en honorarios, desconociéndose el resultado.

Al haber aprobado el acuerdo presentado por las partes, el juez Cameron Macaulay declaró que el pago compensatorio de 70 millones es una “suma justa y razonable” que será distribuida rápidamente entre los beneficiarios en vista de que el centro de detenciones de la Isla Manus está próximo a cerrar.

La compensación no será distribuida equitativamente entre los demandantes, sino que se ha ideado un esquema según el cual se entregará el dinero en función del tiempo de detención y las lesiones sufridas.

El abogado Rory Walsh, hablando en nombre de la firma Slater and Gordon, dijo que el 70 por ciento de los 1,923 demandantes ha aceptado el acuerdo, explicando que se trata de un porcentaje “bastante alto en una acción colectiva”. Espera que el número de aceptantes se incremente conforme se acerque el 13 de octubre, fecha de cierre del registro. Asimismo, dijo que menos de un 10 por ciento de los demandantes ha manifestado objeciones al acuerdo.

“Por supuesto, no hay ninguna cantidad que compense apropiadamente a estas personas por lo que les ha pasado”, declaró a Fairfax Media el abogado Walsh.

"Estábamos muy conscientes de que estas personas habían sido tratadas terriblemente y de una manera muy autoritaria", dijo, reconociendo que "siempre va a haber algunas personas que no estén conformes con el acuerdo, esa es la naturaleza de la acción colectiva".

Como parte del acuerdo, los abogados de Slater and Gordon declararon al juez que están buscando opciones sobre la transferencia de dinero a los refugiados o cómo se van a retener los fondos a su nombre, toda vez que el gobierno australiano no permite a los refugiados abrir cuentas bancarias.

Sobre el particular, el juez Macaulay se dijo satisfecho de que los abogados estén tomando las medidas necesarias para resolver este asunto.

Más información smh.co.au

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