Este lunes, el Consejo de Estado de Francia rechazó la apelación presentada por el gobierno y ordenó proporcionar agua potable e instalaciones sanitarias a los cientos de migrantes que viven en descampado en el norte del puerto de Calais, en espera de cruzar hacia el Reino Unido por el Canal de la Mancha.
El caso fue llevado a tribunales por migrantes y varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que acusan al gobierno francés de violar los más básicos derechos humanos de los migrantes al negarles el acceso al agua potable.
A favor de esta demanda sentenció el 26 de junio de este año el tribunal de la ciudad de Lille, que ordenó al gobierno a abastecer a los migrantes de agua potable e instalaciones sanitarias. Además, el tribunal ordenó a las autoridades a ofrecer a quienes soliciten asilo en Francia un lugar en un centro de recepción, siempre que hubiere espacios disponibles.
El Ministerio del Interior de Francia y el gobierno de la ciudad de Calais apelaron esta decisión ante el Consejo de Estado que, además de ser el supremo órgano consultivo del gobierno, funciona como última instancia de la jurisdicción administrativa. El argumento de la apelación era que la decisión judicial daría pie a la proliferación de “junglas” término usado respecto de un gran campo de refugiados en Calais que fue demolido el año pasado.
El Consejo de Estado no estuvo de acuerdo con el argumento del gobierno y en su lugar mantuvo la decisión del tribunal de Lille, concluyendo que la falta del estado en satisfacer las necesidades básicas de los migrantes “los expuso a tratamientos inhumanos y degradantes, dando un golpe serio y claramente ilegal a un derecho básico ", como se lee en la resolución del órgano de justicia administrativa.
El Consejo de Estado concluyó también que los migrantes “que se encuentran en un estado de indigencia y agotamiento, no tienen acceso a agua corriente, regaderas y sanitarios y no pueden, por lo tanto, lavarse o lavar sus ropas”, siendo una situación que ha dado pie a la aparición de enfermedades cutáneas como sarna e impétigo, “así como a serios problemas psicológicos”.
Con esta decisión se acaban las opciones del gobierno francés para seguir negando a los migrantes el derecho humano fundamental de acceso al agua potable por lo que, a riesgo de que “proliferen” más “junglas”, deberán mostrar una política más humanitaria.
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