La Corte Suprema Judicial de Massachusetts determinó que las autoridades locales no pueden extender la encarcelación de los inmigrantes en ese estado basados únicamente en la solicitud del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), si no existen también cargos criminales con esa persona.
En su decisión, la Corte Suprema dijo que la ley “no provee de autoridad a los funcionarios de la corte de Massachusetts para arrestar y retener a un individuo sólo con la base de una detención federal de inmigración civil".
La práctica es conocida como “ICE detainers” (solicitudes de detención de ICE) faculta a las autoridades federales a revisar el estatus migratorio de las personas, bajo la sospecha de que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Esta retención puede ser hasta por 48 horas.
La resolución establece que “las solicitudes de detención no son solicitudes criminales ni órdenes de arresto de naturaleza criminal. No acusan a alguien de un crimen ni indican que alguien ha sido acusado de un crimen ni piden que se detenga a alguien para que pueda ser acusado por un crimen".
La máxima corte del estado consideró que extender la detención equivale a un nuevo arresto y que los oficiales de la Corte o inclusive la policía estatal de Massachusetts carecen de facultades explícitas para arrestar a alguien por una ofensa migratoria que es de carácter civil y no criminal.
En el caso identificado como Commonwealth v. Lunn, de Sreynuon Lunn, un hijo de inmigrantes camboyanos que había sido detenido por una acusación de robo a mano armada, acusación que fue desechada, y sin embargo Lunn permaneció detenido para revisar su estatus migratorio.
Lunn nació en un campo de refugiados en Tailandia y es lo que se conoce como apátrida porque ni Camboya ni Tailandia le reconocen como ciudadano, por lo que cuando hace diez años fue expulsado de Estados Unidos, ninguno de los dos países lo aceptó.
Sin embargo, cuando Lunn tenía siete meses, se le permitió ingresar a Estados Unidos como refugiado y se le dio el estatus de residente permanente legal y tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos.
Los activistas de las libertades civiles han recibido con agrado la decisión, ya que establece un precedente que define que no es responsabilidad de los estados hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
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