Minería

Este lunes, la empresa Minerales Torogoz anunció que había pagado al estado de El Salvador más de 8 millones de dólares derivado de un laudo arbitral promovido por Pacific Rim Cayman, de la cual Minerales Torogoz es filial, por la negativa del estado salvadoreño de permitir la explotación de una mina.

En 2008, el gobierno de El Salvador decretó que no daría más permisos de extracción minera sin antes realizar un estudio de impacto ambiental en la zona y sin la existencia de una normativa para regular la industria. A partir de este decreto, la minera Pacific Rim Cayman, propiedad de OceanaGold, firma canadiense-australiana, demandó al estado por negarle permisos de explotación minera fundamentándose en que tenía autorización para realizar exploraciones en territorio salvadoreño desde 2002.

La demanda fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial y en ella, la empresa minera solicitó que se ordenara a El Salvador a pagarle 250 millones de dólares por la pérdida de ganancias potenciales por haberle negado una licencia para la extracción de oro.

En 2016 el CIADI falló a favor de El Salvador y condenó a OceanaGold a pagarle al país ocho millones de dólares por los costos del litigio, pero esa compensación no había sido pagada sino hasta ahora.

Minerales Torgoz informó este lunes del pago de US$8,097,072. “Esto representa el pago pleno y total del laudo arbitral. A cambio, la Fiscalía General ha acordado cesar inmediatamente todos los esfuerzos destinados a la ejecución del mencionado laudo. Adicionalmente, la Fiscalía se compromete a revertir cualesquiera acciones realizadas hasta la fecha”, informó la empresa.

Esta información fue posteriormente confirmada por la Fiscalía General de la República, órgano que informó que la empresa, además, se comprometió a no promover ninguna acción de nulidad del laudo arbitral del CIADI. La Fiscalía, por su parte, “no continuará con las acciones de cobro”.

Con este acto se pone fin al conflicto entre la minera y el estado salvadoreño.

Cabe recordar que en El Salvador fue aprobada en marzo de este año la Ley de Prohibición de la Minería Metálica que en 11 artículos prohíbe la exploración, extracción, explotación y procesamiento a cielo abierto o subterráneo en el territorio salvadoreño de la minería metálica, así como el uso de químicos tóxicos, como el mercurio, en cualquier proceso de minería metálica.

Se trata de una importante ley que está en consonancia con el Convenio de Minamata, el cual entrará en vigor el próximo mes de agosto. Este Convenio obliga a los gobiernos a reducir el uso de mercurio, limpiar los sitios contaminados y asegurar que las víctimas de intoxicación por este peligroso metal reciban los cuidados necesarios para su salud.

Más información laprensagrafica.com y unep.org

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