El miércoles de esta semana, el fiscal general de Michigan, Estados Unidos, presentó cargos en contra del director estatal del departamento de salud y de otros cuatro funcionarios públicos, por homicidio involuntario derivado de la crisis del agua envenenada en la ciudad de Flint.
Durante décadas, la ciudad de Flint pagó a Detroit para el agua entrara desde el lago Huron, con productos químicos anticorrosivos añadidos en el trayecto. Pero a principios de 2014, con la ciudad bajo el control de un administrador de emergencia nombrado por el estado, los funcionarios empezaron a abastecer agua desde el Río Flint en un esfuerzo desafortunado para ahorrar dinero.
Las autoridades estatales no lograron garantizar el tratamiento apropiado de la nueva fuente de agua para el control de la corrosión. Ese fallo permitió que el óxido, el hierro y el plomo fueran lixiviados de las tuberías envejecidas y terminaran en los hogares de los habitantes, lo que expuso a miles de niños a altos niveles de plomo, que pueden causar daño físico a largo plazo y deterioro mental.
Aunado a esto, por el agua envenenada surgió un brote de legionela o legionelosis en el Centro Médico Regional McLaren.
Desde que la contaminación fue descubierta en 2016, el fiscal general del estado, Bill Schuette, ha presentado más de 50 denuncias en contra de 15 funcionarios locales y estatales, muchos de los cuales enfrentan varios cargos, además de demandas civiles en contra de empresas foráneas que trabajaron en el sistema de aguas de Flint.
La imputación por homicidio involuntario al director del Departamento de Salud y Asuntos Humanos de Michigan, Nick Lyon, y a otros cuatro funcionarios estatales es la más reciente.
Nick Lyon fue acusado de homicidio involuntario además de mala conducta en el cargo. Junto con él también fueron denunciados por homicidio involuntario otros funcionarios del sistema de agua, quienes enfrentan ya otros cargos penales.
Paralelamente se presentó acusación en contra de Eden Wells, medica ejecutiva del estado, acusada de obstrucción a la justicia y de haber mentido a un oficial de policía, pero no de homicidio involuntario.
En el caso del titular del Departamento de Salud, la denuncia señala que fue plenamente informado del brote de legionelosis en 2015, pero que no lo hizo público sino hasta un año después. Conforme a la documentación legal, “voluntariamente omitió la naturaleza mortal del brote de la enfermedad de legionelosis”, declarando después “[nosotros] no podemos salvar a todos” y “todos se deben morir de algo”.
La fiscalía general argumenta que, pese a que fue informado detalladamente del brote de la enfermedad, rechazó la ayuda temprana de los centros de control de enfermedades y obstaculizó la labor de los científicos en la investigación de la relación entre el brote de legionelosis y el abastecimiento de agua del Río Flint.
Estas conductas llevaron al fallecimiento en 2015 de Robert Skidmore, un hombre de 85 años de edad que fue atendido en el hospital McLaren de Flint.
Por su parte, los investigadores sostienen que Eden Wells amenazó con la retención de fondos para una organización de salud del área de Flint si no dejaban de investigar la fuente del brote de la enfermedad. Además, ha sido imputada de haber mentido a un oficial de la policía sobre el momento en que conoció del incremento de la mortal enfermedad.
Ambos funcionarios, Nick Lyon y Eden Wells, fueron defendidos por el gobernador de Michigan, Rick Snyder, quien aseguró que seguirán trabajando en el departamento de salud del estado.
“El director Lyon y la doctora Eden Wells, como cualquier otra persona que ha sido imputada por un delito por Bill Schuette, se presumen inocentes hasta que se les demuestre su culpabilidad más allá de cualquier duda razonable. Algunos funcionarios estatales imputados hace un año han sido suspendidos del trabajo desde entonces. Ellos todavía no han tenido su día en la corte. Eso no es justicia para Flint ni para aquellos que han sido imputados”, se lee en el comunicado de prensa del gobernador Snyder.
Para otros, sin embargo, estas acusaciones son muestra de la negligencia deliberada del deber por parte de numerosos funcionarios públicos, por lo que hacerlos responsables de esta negligencia es un paso importante en el sistema de impartición de justicia.
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