Descarrilamiento en Amagasaki

El lunes de esta semana, la Suprema Corte de Japón sostuvo la no culpabilidad de tres ex altos ejecutivos de la empresa de trenes West Japan Railway Co., por el accidente fatal ocurrido en 2005 en la ciudad de Amagasaki, en el que fallecieron 106 pasajeros, el conductor del tren y unas 500 personas resultaron heridas.

Después de este fallo, una organización ciudadana que presionó para que estos funcionarios fueran procesados, subrayó la necesidad de un cambio legislativo para que se pueda perseguir penalmente a personas morales por accidentes a gran escala.

“La decisión muestra que las autoridades judiciales no cumplieron con su papel”, declaró Shigemi Omori, cuya hija falleció en este accidente y quien está al frente del grupo ciudadano que busca que las empresas puedan responder penalmente por este tipo de accidentes graves.

Los tres ex ejecutivos fueron acusados de negligencia profesional que resultó en lesiones y muerte, conforme al Código Penal, un delito que sólo es aplicable a individuos y no a corporaciones.

La fiscalía sostenía que la política de algunos ejecutivos era castigar a los conductores que no cumplieran con ciertos horarios, obligándolos así a acelerar a altas velocidades.

Sin embargo, durante el proceso se cuestionó a los ejecutivos si hubieran podido prever un descarrilamiento cerca del lugar del accidente y si de haberlo sabido, hubieran instalado equipo para evitar dicho descarrilamiento.

“Bajo el marco legal vigente, el enfoque está en si los defendidos pueden esperar peligros específicos”, explicó Hiroshi Yasuhara, un juez retirado que asesora al grupo de Omori.

“La última decisión judicial muestra la realidad de que entre más altos los ejecutivos de las corporaciones son, más difícil es hacerlos responsables penalmente (en accidentes mayores)”, concluyó el juez Yasuhara.

Tras conocer el veredicto, Shigemi Omori dijo: “El accidente resultó en las vidas de 106 pasajeros y dejó a más de 500 heridos, pero no tenemos a un responsable”. Agregó que como el chofer del tren también falleció, la empresa pudo, gracias al marco penal actual, deslindarse de toda responsabilidad.

Además de la necesidad de un cambio en el Código Penal para que corporaciones puedan ser penalmente responsables, expertos opinan que esta decisión de la Suprema Corte japonesa pone en evidencia la dificultad de obtener justicia bajo el sistema procesal actual que es arduo y con bajas probabilidades de éxito.

Bajo el sistema actual, si los fiscales no quieren presentar cargos en contra de alguna persona, grupos ciudadanos pueden recurrir esa decisión llevando el caso ante un panel de investigación. En el caso del descarrilamiento de 2005, los tres altos ejecutivos fueron presentados ante un panel de esta naturaleza.

Este sistema, en vigencia desde 2009, se estableció con la idea de hacer más fácil que los puntos de vista de la ciudadanía se vean reflejados en el proceso judicial. Sin embargo, desde que este sistema se estableció, se ha decidido presentar acusación en nueve casos de los cuales, solo dos personas fueron encontrados culpables, lo que refleja la dificultad de que se reabran casos que la fiscalía ha desechado.

Asuyuki Takai, un ex fiscal, dice que cualquier reforma al sistema legal debe explorar una alternativa al sistema actual.

"Una opción sería castigar a la corporación en lugar del individuo", dijo el abogado Takai. "Debemos crear un marco que nos permita mantener a una empresa responsable (por un accidente grave) a una gran sanción financiera para que podamos asegurar que ningún incidente similar vuelva a ocurrir", dijo.

Por lo pronto, Shigemi Omori declaró que la sentencia de la Suprema Corte “ha renovado” su resolución de lograr un cambio legislativo para que las corporaciones sean penalmente responsables por accidente graves.

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