Antigua y Barbuda

El pasado 7 de abril, un juez de la Suprema Corte de Columbia Británica, Canadá, en un proceso en ausencia dictó una orden de embargo por 30 millones de dólares en contra del gobierno de la caribeña isla de Antigua y Barbuda, derivado de la expropiación de un hotel realizada en 2007.

Se trata de un caso largo y complejo que se refiere a la expropiación del Hotel Half Moon Bay, adquirido en 1971 por el grupo neoyorquino HMB Holdings Ltd.

En 1995 el hotel quedó parcialmente destruido por dos huracanes que azotaron la paradisiaca isla, siendo declarado el hotel como zona de desastre. Pero no fue sino hasta 2007 cuando el gobierno de Antigua y Barbuda definitivamente expropió la propiedad.

Los rumores señalan que la propiedad fue expropiada con la finalidad de que se hiciera cargo de ella Allen Stanford, un financiero de Texas acusado de haber defraudado $7 mil millones de dólares, y quien actualmente cumple sentencia de por vida en una prisión de Florida. A Stanford no solo se le había otorgado la nacionalidad de Antigua, sino que incluso había recibido el título de Caballero Comandante de la Orden de la Nación. Sin Stanford, el gobierno de Antigua y Barbudo se declaró en quiebra y sin capacidad de pagar la indemnización a HMB por la expropiación.

El caso fue litigado conforme al derecho de la isla, hasta que finalmente llegó al Consejo Privado (Privy Council) del Reino Unido, que es un órgano asesor de la reina Isabel II, que además funciona como Corte Suprema para varios territorios ultramarinos y algunos estados parte del Commonwealth como Antigua y Barbuda.

En 2014 el Consejo Privado concluyó que el gobierno debía a la empresa 40 millones de dólares, con intereses incluidos, y ordenó pagar puntualmente la deuda. Se trata de un fallo que fue confirmado por la Suprema Corte de Caribe Oriental máximo tribunal judicial en Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, y en los tres territorios británicos de ultramar Anguila, las Islas Vírgenes Británicas y Montserrat.

Pese a la sentencia, el gobierno de Antigua y Barbuda no pagó y en 2015 vendió el hotel a una subsidiaria del grupo canadiense Replay Resorts Inc., cuyo domicilio se localiza en Columbia Británica, siendo esta la razón por la cual se pronunció sobre el asunto el poder judicial de esta provincia canadiense.

La venta fue por 23 millones de dólares, de los cuales HMB solo recibió 15 millones de dólares, según declaraciones del abogado del grupo, Lincoln Caylor del despacho Bennett Jones LLP de Toronto.

Ante el poder judicial de Columbia Británica se presentó la demanda en octubre de 2016 y en ella se señala que Replay, la empresa que adquirió el hotel, no ha terminado de pagar al gobierno de Antigua y Barbuda, conforme a declaraciones de la abogada Brigeeta Richdale, del despacho Bennett Jones de Vancouver. “Hay pagos pendientes de Replay al gobierno de Antigua y Barbuda y esperamos interceptarlos”, declaró la abogada.

El gobierno de Antigua y Barbuda no respondió la demanda por lo que el proceso se fue en ausencia y el pasado 7 de abril el juez Dennis Tokarek emitió una orden de embargo por 30.2 millones de dólares, mencionando a la subsidiaria de Replay registrada en Antigua, Freetown Destination Resort Ltd.

Aunque esta ha sido una victoria más para HMB Holdings Ltd., el asunto está lejos de haber concluido.

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