Minería

A finales del pasado mes de marzo, los diputados de la Asamblea Nacional de El Salvador, aprobaron la Ley de Prohibición de la Minería Metálica que en 11 artículos prohíbe la exploración, extracción, explotación y procesamiento a cielo abierto o subterráneo en el territorio salvadoreño de la minería metálica así como el uso de químicos tóxicos, como el mercurio, en cualquier proceso de minería metálica.

La ley, aprobada con 69 votos a favor de los 84 diputados que conforman el órgano legislativo, fue impulsada bajo el principio de que la minería metálica afecta al ambiente y la salud de los habitantes y constituye una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias de El Salvador.

En esta ley se prohíbe a cualquier institución administrativa el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias para la explotación, exploración, extracción o procesamientos de minerales metálicos y se dispone en el artículo 4 que todo procedimiento de obtención de licencia o concesiones queda sin efecto a partir del inicio de la vigencia de esta ley.

Asimismo, se otorga un periodo de dos años para que la personas que buscan oro de forma artesanal, llamadas “güiriseros”, busquen otra actividad productiva, contando para ello con el apoyo, asesoramiento y asistencia técnica y financiera del gobierno salvadoreño.

De los postulados de la ley se excluye el trabajo artesanal de fabricación, preparación o comercialización de joyas o productos de metales preciosos.

En 2008 el gobierno de El Salvador decretó que no daría más permisos de extracción minera sin antes realizar un estudio de impacto ambiental en la zona y sin la existencia de una normativa para regular la industria y, conforme con declaraciones de Lina Pohl, ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desde 2009 el gobierno no había concedido ninguna autorización para la extracción minera.

En 2008, a partir del decreto antes mencionado, la minera Pacific Rim Cayman, propiedad de OceanaGold, firma canadiense-australiana, demandó al estado por negarle permisos de explotación minera fundamentándose en que tenía autorización para realizar exploraciones en territorio salvadoreño desde 2002.

La demanda fue presentada antes el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial y. en ella, la empresa minera solicitó que se ordenara a El Salvador a pagarle 250 millones de dólares por la pérdida de ganancias potenciales por haberle negado una licencia para la extracción de oro.

En 2016 el CIADI falló a favor de El Salvador y condenó a OceanaGold a pagarle al país ocho millones de dólares por los costos del litigio.

Esta nueva ley deroga todas las disposiciones que se refieren a la minería metálica contenidas en la Ley de Minería de 1996 y concede un plazo de seis meses para que el ejecutivo, a cargo del presidente Salvador Sánchez Cerén, publique el respectivo reglamento.

A partir de esta ley, el gobierno salvadoreño tendrá que ocuparse no solo del cierre de las mineras metálicas, sino de la remediación ambiental por los graves daños causados por las minas en las regiones afectadas, para devolver a la población las condiciones de un ambiente sano. Así, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales estima que el 90 por ciento de las aguas superficiales están contaminadas.

Más información ngenespanol.com y marn.gob.sv

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