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En una decisión publicada el miércoles de esta semana, la Corte Suprema de Japón desechó la petición de un hombre que pedía se reconociera su “derecho al olvido” y que Google eliminara los resultados sobre su arresto en relación con un caso de prostitución infantil.

El caso fue resuelto por la Tercera Sala, conformada por cinco magistrados, quienes de manera unánime desecharon la petición, estableciendo con su veredicto los lineamientos que deben seguirse para solicitar el mencionado derecho al olvido de los buscadores de Internet.

“La eliminación (de referencias al cargo) se puede permitir solo cuando el valor de la protección a la privacidad significativamente sobrepasa la revelación de la información”, concluyó el máximo tribunal.

Los magistrados dispusieron que los criterios para borrar cierta información de buscadores de Internet pueden determinarse con base en factores como el grado de infracción a la privacidad, qué tan amplias se pueden hacer búsquedas específicas y la industria en la que el peticionario se desempeña.

Otros factores que deben tomarse en consideración incluyen el propósito y significado de los artículos, así como la necesidad de reportar nombres reales, direcciones y otra información precisa concerniente a la privacidad personal.

Es interesante destacar que, pese a que Google pretendió presentarse como un mero facilitador en la transmisión de información, los magistrados señalaron que su rol es socialmente significativo, lo que es importante porque, a juicio de expertos, si bien se reconoce a los buscadores el derecho a la libertad de expresión, al no ser reconocidos como “meras plataformas”, se les adjudican ciertas obligaciones.

El proceso judicial se enfocó en extractos de noticias mostrados por el buscador y no en artículos completos y se espera que el mismo criterio se utilizado en la función de Google de auto completado que muestra una serie de posibles resultados conforme a la palabra que se escribe en el buscador.

De acuerdo con los criterios delineados por la Corte, los magistrados concluyeron que la información en cuestión no podía ser borrada porque el arresto por cargos de prostitución infantil es “sujeto a una fuerte desaprobación social y es un asunto de interés público”.

En este caso, el demandante obtuvo una sentencia favorable en primera instancia ante un tribunal de distrito de Saitama, pero el Tribunal Superior de Tokio anuló esa decisión bajo el argumento de que el derecho al olvido no es un privilegio establecido en las leyes y que sus requisitos no estaban establecidos.

Más información japantimes.co.jp

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