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Hace cuatro meses el Departamento de Justicia de los Estados Unidos consiguió que un tribunal de distrito civil en los Estados Unidos ordenara la confiscación de los bienes de Kim Dotcom y sus coacusados al considerárseles fugitivos, y al supuestamente no haberse presentado al proceso, y ahora en el proceso de apelación diversas organizaciones han presentado un amicus curiae para hablar en su favor.

El documento, que es presentado de forma independiente y con la única finalidad de brindar elementos de juicio adicionales al tribunal, coincide con el argumento central expuesto por la defensa de Kim Dotcom y sus coacusados la semana pasada: Que se les ha negado el principio básico del debido proceso al considerárseles fugitivos cuando ni siquiera ha iniciado un proceso penal en su contra.

El Instituto Cato, la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal y el Instituto para la Justicia señalan en el amicus curiae que "el uso agresivo por parte del gobierno federal de la figura del decomiso que supone una grave amenaza para los derechos de propiedad y puede causar un daño irreparable cuando la propiedad se pierde sin ninguna audiencia".

Las organizaciones destacan que “excluir a los coacusados de su derechos al debido proceso no sólo es inconstitucional, es peligroso. Hay una creciente literatura sobre el abuso de la confiscación en materia civil… y como algunos funcionarios del gobierno busca beneficiarse directamente de los decomisos civiles".

Los expertos legales sugieren que el Departamento de Justicia utilizó el decomiso para que el caso pueda avanzar a su favor.

Por otra parte, las organizaciones señalan que el principio de inhabilitación del fugitivo que limita sus derechos no es aplicable en el decomiso civil porque en este caso los acusados no están huyendo o desatendiendo un llamado del juez de distrito, más aun, se están presentando ante el tribunal a través de un abogado, por lo que los procesos y requerimientos de la Corte han sido atendidos.

Destacan los expertos legales que, a diferencia de los casos penales en los que el presunto responsable requiere ser disuadido para que no se sustraiga de la ley, en este caso los acusados no se encuentran ni siquiera en ese supuesto porque continúan residiendo legalmente en sus países de origen y no han pisado territorio norteamericano.

Las organizaciones concluyen que en este caso el gobierno de Estados Unidos ha utilizado el poder del estado para obligar a países soberanos a que le permitan apoderarse de los activos que se alega están conectados a un crimen.

El gobierno de Estados Unidos ha intentado ejecutar estas órdenes de decomiso en Nueva Zelanda, porque todos los bienes de Kim Dotcom se encuentran ahí, pero los tribunales neozelandeses se han negado a hacer efectiva la orden, ya que la doctrina prevaleciente en Estados Unidos de que el prófugo está inhabilitado para defenderse, no forma parte del derecho común en Nueva Zelanda.

Por su parte, el gobierno de Nueva Zelanda ha notificado al Tribunal Superior que no impugnará la decisión de suspender las órdenes de decomiso, lo que significa una victoria para Kim Dotcom.

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