Rue Saint-Honoré, dans l'après-midi. Effet de pluie

 

Caso sobre obra de Pissarro, propiedad hasta ahora del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, escuchado en Suprema Corte de Estados Unidos

Este martes la Suprema Corte de los Estados Unidos escuchó los argumentos que enfrentan al Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, España, con los descendientes de una mujer judía por la propiedad del cuadro de Camille Pissarro, Rue Saint-Honoré, dans l'après-midi. Effet de pluie (1897).

Se trata de un litigio que lleva años enfrentando a los descendientes de Lilly Cassirer Neubauer, primero en tribunales españoles y luego en los tribunales de los Estados Unidos y que, todo apunta, no concluirá en el futuro cercano.

La obra en cuestión fue vendida por Lilly Cassirer en 1939 a los nazis a cambio de un pase para salir de Alemania. Nadie cuestiona que esta venta fue ilegal porque fue forzada. Sin embargo, la venta por la que el cuadro llegó al Museo es la que ha generado el conflicto. Esta ocurrió en 1976 cuando el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza adquirió la obra. En 1993 el barón vendió su obra a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y con ella se creó un museo para exhibirla en el Palacio Villahermosa, en Madrid.

David y Ava Cassirer, nietos de Lilly Cassirer, pidieron a los tribunales españoles en 2001 la devolución de la obra bajo el argumento de que se trata de arte robado por los nazis. Cuando en 2005 la justicia española les negó la petición, llevaron el caso a los tribunales federales de los Estados Unidos en Pasadena, California.

Desde entonces las decisiones han ido de un lado a otro. Por ejemplo, en primera instancia el juez aceptó que la venta realizada en 1939 fue ilegal, pero no la de 1976 porque el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza cuando la adquirió desconocía que la obra había sido robada. Además, aplicando el derecho español, el juez concluyó que había habido prescripción positiva por la posesión no interrumpida de seis años. Esta misma decisión tomó en 2019 un juez de primera instancia cuando el caso regresó a los tribunales federales en California.

En 2017 la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos concluyó que no había prescrito la acción ejercida por los herederos de Lilly Cassirer, puesto que, con fundamento en la ley de 2016 Holocaust Expropriated Art Recovery (HEAR), la demanda se presentó dentro de los seis años posteriores a que los herederos tuvieron conocimiento de la ubicación del cuadro como parte de la colección Thyssen-Bornemisza.

Ese mismo año, el Thyssen presentó una petición de reconsideración a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, pero fue rechazada por lo que se presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia.

En los argumentos que se expusieron esta semana en la Suprema Corte, se cuestiona que en el caso se hubiere aplicado la Ley de Inmunidad Soberana, Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), una ley federal que prohíbe que se presenten demandas en contra de estados extranjeros, salvo excepciones en las que el estado puede ser tratado como entidad privada.

El abogado David Boies, representante de los herederos, expuso que en el caso, el Museo, al ser tratado como una entidad privada, deben aplicarse las leyes de California y no las federales ni las españolas.

El abogado Thaddeus Stauber, argumentando a favor del Thyssen-Bornemisza, expuso que al tratarse de relaciones internacionales, la ley de Inmunidad Soberana aplica implícitamente lo que significa que son las leyes federales las que deben aplicar.

Lo anterior es importante porque la ley española dispone la prescripción positiva por la posesión no interrumpida de seis años, mientras que la ley en California parte de que una obra vendida bajo coacción por los nazis, las subsecuentes adquisiciones son ilegales.

Los magistrados de la Suprema Corte parecieron inclinarse a favor del argumento de los herederos de Lilly Cassirier, cuestionando al abogado del Thyssen-Bornemisza sobre la excepción de la ley de inmunidad soberana según la cual un estado puede ser tratado como entidad privada, lo que, según los analistas, significa que el caso regresará a los tribunales de California para que vuelvan a decidir en la materia bajo la óptica de la ley local. Sin embargo, la decisión no se ha tomado y se espera que sea en junio cuando se publique la sentencia.

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