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Real Decreto que incorpora a la legislación española directivas de la Unión Europea, incluyendo derechos de autor, es señalado por imponer la censura algorítmica y directa

En 2019 se aprobó la Directiva 2019/790, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, también conocida como Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital, también conocida como Directiva de derechos de autor de la Unión Europea.

Está Directiva incluye el controvertido Artículo 17 que obliga a los Estados miembros a considerar que los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea como YouTube o cualquier otro sitio de este tipo, realizan un acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público cuando ofrecen obras protegidas por derechos de autor cargadas por sus usuarios y están obligados a obtener autorización de los titulares de derechos o retirarlo.

Los Estados miembros tenían hasta junio de este año para incorporar estas normas a su legislación y España publicó la “transposición” correspondiente el pasado 3 de noviembre.

En el libro cuarto del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea, refleja la controvertida directiva 17, en su artículo 73 que trata sobre el “Uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea”.

En dicho artículo se establece que los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea realizan un acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público, cuando ofrezcan al público el acceso a obras protegidas que hayan sido cargadas por sus usuarios y, en consecuencia, para compartir esos contenidos deberán obtener previamente la autorización de los titulares de los derechos.

Si no se obtiene la autorización las plataformas serán "responsables de los actos no autorizados de comunicación al público, incluida la puesta a disposición de obras y otras prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual". Es decir, a diferencia de las disposiciones de Estados Unidos, la responsabilidad ya no es de los usuarios, sino de las plataformas y estas dejan de ser simplemente intermediarios.

Además, con la normativa deben ser más activos para evitar la publicación de contenido ilegal o no autorizado y también podrían recibir una mayor pena si no lo eliminan.

Para evitar ser considerados responsables, deben demostrar que han hecho sus mayores esfuerzos por obtener una autorización y, “de acuerdo con estrictas normas sectoriales de diligencia profesional”, sus mayores esfuerzos por garantizar que no estén disponibles las obras y prestaciones que los titulares de derechos les hayan señalado.

Asimismo, deben demostrar que han actuado de modo expedito al recibir una notificación para inhabilitar el acceso “a las obras u otras prestaciones notificadas o para retirarlas de sus sitios web” y que han hecho sus mayores esfuerzos por evitar que se carguen en el futuro.

Para los expertos, las frases “mayores esfuerzos”, “estrictas normas sectoriales” y “modo expedito” necesariamente implica el uso de algoritmos, ya que sería imposible que personas revisaran cada uno de los contenidos subidos que pudieran infringir derechos de autor. Desde Xnet, plataforma que promueve los derechos digitales, la democracia en red y la libertad de expresión, señalan que “obligar a los proveedores a poner filtros automatizados que censuren los contenidos a la brocha gorda, socava la libertad de expresión y la cultura digital”.

Aunque el Real-decreto prevé que los usuarios carguen y pongan a disposición del público contenidos de obras u otras prestaciones que no infrinjan derechos o que se hagan con fines de cita, análisis, comentario o juicio crítico, reseña, ilustración, parodia o pastiche, con los algoritmos las plataformas podrán obtener falsos positivos y eliminar contenido legal, que son retirados violando los derechos de los pequeños productores de contenido y la libertad de expresión.

Pero además, se incluye una disposición que limita todo tipo de transmisión o retransmisión de contenido en directo. Es decir, algún youtuber o usuario que suele hacer transmisión de contenido en directo, por ejemplo, una partida de videojuego, puede ver cortada su transmisión de tajo, sin ningún tipo de control o mecanismo para oponerse en ese momento. Si las plataformas no retiran este contenido, pueden existir hasta sanciones penales.

Aquellos usuarios que se vean afectados tendrán diez días para que se revise el retiro de contenido y aquí sí se estará sujeto a examen por parte de personas, sin intervención automatizada de robots u otros medios análogos, lo que para los expertos evidencia la censura algorítmica. Si no hay queja, no hay intervención humana.

Este Real Decreto-Ley deberá ser convalidado en bloque, por el Congreso de los Diputados español  en un plazo de 30 días.

El mundo real continúa entrando al virtual. Ya veremos en un tiempo los efectos.

Más información xataka.com

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