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Tribunal Supremo de España concluye la legalidad de las medidas laborales tomadas por Zara durante la pandemia

En el proceso que enfrentó a dos sindicatos de trabajadores y a la tienda de ropa Zara, filial del grupo Inditex, el Tribunal Supremo de España falló a favor de la segunda señalando que las medidas excepcionales tomadas por el estado de alarma por la pandemia de Covid-19, no son violatorias del contrato de trabajo.

Frente a la presencia de la enfermedad Covid-19, el 14 de marzo de 2020 el gobierno español decretó el estado de alarma en todo el territorio con el objetivo de proteger la salud de la ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud público. Así, el gobierno quedó facultado para restringir la circulación de la población, regular los horarios y apertura de hoteles y restaurantes, priorizar el trabajo a distancia y suspender las actividades presenciales en las escuelas, entre otros.

Después de la declaración del primer estado de alarma se ha vuelto a decretar dos veces más, el último en octubre, con una prórroga en noviembre de seis meses, habiendo terminado el 9 de mayo.

Durante este tiempo, Zara modificó sus reglas de operación, dejando sin efectos los calendarios laborales y estableciendo medidas de distribución irregular de la jornada determinadas por la empresa, con la plena disponibilidad de los empleados. Esto significó, entre otros, una alteración a los periodos vacacionales de los empleados, así como a la incertidumbre de sus horarios laborales.

Estas modificaciones fueron recurridas en los tribunales por las organizaciones sindicales Alternativa Sindical de Trabajadores, AST, y la Confederación General del Trabajo, CGT. Estas organizaciones sostenían que las modificaciones infringían el Estatuto de los Trabajadores, por tratarse de derechos de los trabajadores.

El 25 de junio de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló a favor de la empresa al indicar repetidamente que las medidas laborales son temporales y no permanentes y son la respuesta a la crisis de salud. La decisión fue apelada por los sindicatos que pedían que se declararan improcedentes las modificaciones a las condiciones de trabajo.

Esta semana, la Cuarta Sala del Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal Superior haciendo notar, una vez más, que las medidas son temporales y que no afectan las condiciones de trabajo.

De esta forma, el Tribunal concluyó que las medidas tomadas por la empresa fueron con el objetivo de minimizar la magnitud de los riesgos de un posible contagio de Covid-19 y preservar la salud de los trabajadores. Los magistrados concluyeron que esta decisión se tomó “en forma adecuadamente ponderada cumpliendo la normativa excepcional”.

En un comunicado del Tribunal sobre la resolución se explica: “Se insiste en el carácter temporal de la medida y que la empresa ha actuado en cumplimiento de un mandato normativo excepcional y perentorio, sin que se aprecie que se haya excedido en la aplicación de tales medidas, y sin que ello suponga en modo alguno, otorgar a la empresa un poder omnímodo en la adopción de dichas medidas, pues habrá de respetar en todo momento la legislación vigente entre la que se encuentra la normativa reguladora del estado de alarma”.

La medida temporal adoptada por Zara, en donde los trabajadores están a disposición del patrón por ser incierto el horario, es una de las reglas bajo las que operan las relaciones laborales en la llamada economía gig. En el Reino Unido, bajo estos contratos de cero horas laboran cientos de miles de personas no solo en tiendas sino también en cines y restaurantes de comida rápida. Nueva Zelanda prohibió estos contratos en 2016 por la inestabilidad que representan.

Más información elpais.com/ lamoncloa.gob.es

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