Pazo de Meirás, Galicia

 

Los descendientes de Franco en España piden un mes para sacar bienes de inmueble que han perdido en Galicia

Después de un largo y complicado caso que incluyó una minuciosa búsqueda de documentos, Galicia, España, finalmente ha obtenido la propiedad del inmueble conocido como pazo de Meirás que en su momento fue donado a Francisco Franco. La controversia, sin embargo, está lejos de terminar porque los Franco siguen luchando para no irse con las manos vacías.

El Pazo de Meirás es una edificación de finales del siglo XIX que en 1938 las autoridades franquistas coruñesas entregaron a Francisco Franco como residencia veraniega. Una vez que el régimen franquista acabó con la muerte de dictador en 1975, las autoridades gallegas y españolas han estado buscando que el inmueble sea declarado bien público.

En septiembre de 2020 la juez Marta Canales de un juzgado de primera instancia de Galicia, España, anuló la donación de 1938 de la finca Pazo de Meirás a Francisco Franco, declarando legítimo propietario del inmueble al estado español y ordenando a los herederos de Franco la devolución del inmueble y el pago de gastos judiciales.

La decisión se hizo firme el 10 de diciembre y los Franco tuvieron que abandonar la propiedad. Sin embargo, han argumentado que si bien están obligados a entregar la propiedad del inmueble, no así los bienes muebles que están dentro.

En primera instancia, se falló en su contra ordenándoles a depositar a favor del estado todo lo que está dentro del inmueble. Sin embargo, en fase de apelación, la semana pasada la Audiencia Provincial de A Coruña falló en contrario, encontrando que fue un error de los abogados del estado el no haber solicitado también la propiedad de los muebles dentro de la propiedad en el momento procesal oportuno.

Explicaron que “únicamente se demandó, y así se estimó, un derecho de propiedad sobre una finca catastral”, por lo que consideran “evidente” que el concepto de “inmueble por incorporación” nunca podría extenderse “a mesas, sillas, vajillas, alfombras o cuadros”. De esta forma, en esta fase procesal de ejecución de sentencia no es el momento para reclamar la propiedad de esos bienes muebles, lo que se podrá hacer después en una nueva demanda pidiendo la reivindicación del mobiliario.

En la decisión, los magistrados explicaron que el estado pudo haber optado por solicitar que al momento de la salida de los Franco hubiera estado una comisión judicial para evitar el desgajamiento de “elementos arquitectónicos que deben considerarse parte del inmueble” o bien haber promovido anticipadamente un incidente de ejecución “a fin de determinar qué elementos deben considerarse inseparables, como pudiera ser la discusión sobre un cruceiro, un hórreo o elementos pétreos del jardín, o un retablo u otros objetos, pero no establecer que no puede retirarse ningún mueble”.

Con fundamento en esta decisión, los Franco se volvieron a presentar en el juzgado esta semana pidiendo un permiso para sacar todo lo que hay en la propiedad, estimando que necesitarán un mes para hacerlo, y con tal finalidad, pidiendo que se ordene al gobierno que permita el acceso a la propiedad de la empresa de mudanzas que ellos determinen. Además han pedido que el inventario se mantenga cerrado, que se retiren todas las demás actuaciones judiciales y que se ordene al estado a pagarles los daños, como lo ordenó la Junta Provincial.

Todo lo que hay en la propiedad incluye bienes que han sido clasificados como bienes de interés cultural, BIC, de los que el abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera Molina, ha aclarado que, aunque son propiedad de sus clientes, necesitan un permiso especial para su traslado.

La decisión no ha sido del agrado ni del gobierno ni de la opinión pública de Galicia y España, pero de momento, se debe adjudicar esta victoria a la familia del dictador.

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