Tienda de Valentino en la Quinta Avenida

 

Valentino presenta apelación por fallo adverso a petición de rescindir contrato de arrendamiento y es demandada a su vez

Como respuesta al fallo que el mes pasado desechó la demanda de la casa de modas Valentino para dar por terminado el contrato de arrendamiento en la Quina Avenida de Nueva York, el 17 de febrero Valentino presentó una apelación a la que dos días después siguió una demanda en su contra presentada por el arrendador por incumplimiento de contrato, no pagar la renta y por daños sustanciales al inmueble.

En junio del 2020 ante un tribunal de la ciudad de Nueva York, Valentino presentó una demanda en la que expuso que “el actual clima social y económico, lleno de restricciones relacionadas con el COVID-19, medidas de distancia social, falta de confianza en los consumidores y el prevaleciente temor de proteger, personalmente, a las boutiques minoristas de lujo ‘no esenciales’”, ha evitado que opere la tienda como lo hacía usualmente, un escenario que parece que no va a cambiar en el futuro cercano. Por tal motivo pedía que se rescindiera el contrato de arrendamiento firmado en agosto de 2013 con 693 Fifth Owner LLC por la propiedad ubicada precisamente en el 693 de la Quinta Avenida en Nueva York. Se trata de un contrato con vigencia hasta julio de 2029.

La petición la sustentó Valentino en una cláusula del contrato según la cual se obliga a que se use el espacio de la tienda de una forma que sea “consistente con la reputación de lujo, prestigio y alta calidad del vecindario inmediato de la Quinta Avenida,” argumentando que cumplir con esta disposición ofreciendo ventas minoritas en la boutique o servicios adecuados ha sido imposible bajo las circunstancias antes descritas.

En enero, sin embargo, la demanda fue desechada por el juez Andrew Borrok quien concedió que en el contrato firmado en 2013 las partes habían “asignado expresamente el riesgo de que Valentino no pudiera operar su negocio”, por lo que Valentino “no es condonado de su cumplimiento, incluida su obligación de pagar el alquiler en virtud de la legislación estatal."

“El hecho de que la pandemia de COVID-19 no fue específicamente enumerada por las partes [en el contrato de arrendamiento], no cambia el resultado”, escribió el juez en su decisión, “porque el contrato de arrendamiento está redactado de manera amplia y abarca la situación actual al establecer que nada contenido en […] el contrato, incluidas ‘leyes o regulaciones restrictivas del gobierno’, ciertos eventos catastróficos, ‘ni ninguna otra razón de naturaleza similar o diferente más allá del control razonables de la parte retrasada en el cumplimiento’ será excusa del pago de la renta.”

El juez notó, además, que Valentino siguió operando hasta el 22 de julio del 2020 indicando mediante un letrero que se atendía mediante cita. Después de esto, la tienda desocupó el inmueble, pero no por causas atribuidas al arrendador, ya porque lo hubiera desalojado ni porque hubiera evitado que ocupara normalmente el inmueble.

Frente a esta decisión adversa, el 17 de febrero Valentino presentó la petición de apelación señalando que el tribunal erró en las causas para conceder la moción para desechar la demanda, asegurando que adecuadamente argumentó cada una de las causas que presentó para la acción legal.

Dos días después, el 19 de febrero, una nueva demanda se presentó, pero esta por 693 Fifth Owner LLC en contra de Valentino por incumplimiento de contrato al haber desocupado el inmueble en diciembre de 2020, no haber pagado la renta desde septiembre de ese mismo año y por no haber reparado los daños que hizo a la propiedad.

En esta acción legal 693 Fifth Owner LLC asegura que Valentino no se ha desempeñado financieramente bien desde antes de la pandemia y que esta es solo la excusa para dar por terminado el contrato y buscar una propiedad más pequeña y menos costosa en 135 Spring Street.

Como compensación, 693 Fifth Owner LLC pide más de 200 millones de dólares que incluyen 15.3 millones por los daños y la renta que dejará de percibir mientras duren las reparaciones; 6.6. millones por la renta no pagada entre septiembre de 2020 y febrero de 2021; y, 184 millones de dólares por renta del resto de la vigencia del contrato, es decir, hasta 2029.

Según los expertos en la materia, la situación del COVID-19 que ha puesto en aprietos a las empresas ha mostrado que en los contratos de arrendamiento quienes corren con todos los riesgos son los arrendatarios de tal forma que los propietarios de los inmuebles no pierden.

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