Mazo judicial

 

Se presentó demanda en contra de casa de subastas Sotheby’s por presunta colusión con coleccionista para evadir impuestos

El estado de Nueva York, Estados Unidos, presentó ante la Suprema Corte del estado una demanda en contra de la casa de subastas Sotheby’s en la que la acusan de haber cooperado para que un comprador de arte evadiera los impuestos de compras valoradas en 27 millones de dólares.

La demanda fue presentada por la procuradora general del estado, Letitia James, y en ella acusa a la casa de subastas de infringir la ley New York False Claims Act, una ley que inició vigencia en 2007 y que tiene el objetivo de recuperar pagos fraudulentos hechos a individuos o personas morales.

Según se explica en la documentación legal, Sotheby’s con pleno conocimiento ayudó entre 2010 y 2015 en la elaboración y recepción de falsos certificados de reventa para un coleccionista que adquirió arte por un monto de 27 millones de dólares a través de una empresa offshore de las Islas Vírgenes Británicas llamada Porsal Equities. Los certificados de reventa se emiten cuando las obras de arte se adquieren por comerciantes de arte que a su vez las venden y como no se trata de una propiedad permanente, las transacciones están exentas de impuestos.

Porsal Equities fue investigada por la fiscalía general de Nueva York por la evasión de impuestos en la adquisición de arte con valor de 50 millones de dólares y en 2018 llegó a un acuerdo con la fiscalía mediante el que pagó 10.75 millones de dólares. En este proceso Sotheby’s proporcionó evidencia.

Tomando como punto de partida esa investigación es que ahora se presenta esta acusación que ha sido “vigorosamente” negada por Sotheby’s, en la que se asegura que para tratar de ganar al cliente, la casa de subastas no solo aceptó los certificados de reventa sino que incluso “informó al coleccionista que podía usar un certificado de reventa y le ayudó a completar el certificado, incluso añadiendo la información falsa de que era un comerciante de arte”, aunque “Sotheby’s sabía que en realidad estaba en el negocio de envíos.”

La demanda asegura que para 2015 Sotheby’s “había aceptado tres certificados igualmente falsos de Porsal Equities facilitados por los empleados de Sotheby’s pese a la abrumadora evidencia de que el coleccionista y Porsal Equities no eran comerciantes de arte y solo estaban comprando arte para uso personal.”

Según la acusación, por lo menos 29 empleados de la casa de subastas tenían conocimiento de que los certificados de reventa eran falsos y que la asesoría sobre el uso de estos certificados se dio en un café de Nueva York en 2010, poco antes de que el coleccionista adquiriera una escultura del escultor británico Anish Kapoor con valor de 1.4 millones de dólares y cuyos impuestos eran de más de 126,000 dólares.

En la demanda incluso se cita un libro escrito en 2017 sobre la brutal competencia que existe en el mercado de arte (The Orange Balloon Dog: Bubbles, Turmoil and Avarice in the Contemporary Art Market por Don Thompson), en el que se explica que los especialistas de subastas están dispuestos a ir al límite para crear relaciones con los clientes, incluyendo organizar las fiestas de cumpleaños de los hijos o ayudarlos en el ingreso a la universidad.

En la demanda no se señala el nombre del propietario de Porsal Equities, sin embargo, en información sin confirmar, el Wall Street Journal dice que se trata del venezolano radicado en Miami, Issac Sultán, presidente de la empresa de envíos Atlantic Feeder Services USA.

“No se puede permitir a millonarios y billonarios evadir impuestos mientras los americanos comunes pagan su parte justa”, declara en comunicado de prensa la procuradora James. “Sotheby’s infringió la ley y estafó a los contribuyentes de Nueva York con millones solo para aumentar sus propias ventas. Esta demanda debe enviar un mensaje claro de que sin importar los bien conectado o rico que seas, nadie está por encima de la ley.”

Por su parte, Sotheby’s emitió un comunicado en el que afirman que “vigorosamente rechazan los alegatos infundados hechos por la fiscal general, que no están respaldados ni por los hechos ni por la ley. Este es un asunto entre el contribuyente y el estado que data de entre cinco o diez años, como lo hace notar la fiscal general en la demanda, y que fue terminado por acuerdo hace dos años.”

Más información theartnewspaper.com

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