El Derecho es una ciencia estructurada de manera lógica. Si le damos forma piramidal, el vértice superior de esta estructura se conforma por una serie de principios a partir de los cuales se va desarrollando todo lo demás, incluida la legislación.
Uno de estos principios es el de legalidad, a partir del cual se estructuran una serie de normas jurídicas, principalmente en derecho público, esto es, en lo concerniente al gobierno, pasando a ser el eje rector de la normativa jurídica de la administración pública.
Este principio de legalidad opera en dos sentidos:
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Entre privados significa que podemos hacer todo lo que no esté expresamente prohibido por la ley.
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En derecho público, es decir, respecto de las autoridades, opera en el sentido de que SOLO pueden hacer lo que expresamente les autoriza la ley.
Este principio aplica a los tres niveles de gobierno, esto es, municipal, estatal y federal.
De esta manera y atendiendo a la legalidad todos los actos de autoridad deben estar fundados y motivados.
El fundamento de los actos se refiere a los artículos en los cuales la autoridad en cuestión basa su actuación, no solo en cuanto al acto mismo, sino también en cuanto a la facultad o capacidad legal que posee para emitir ese acto.
Por ejemplo, la Secretaría de Economía no puede aprehender a un comerciante que esté incumpliendo con Normas Oficiales Mexicanas, pese a que tiene la facultad de verificar el cumplimiento de las mismas, ya que no es la autoridad competente para ordenar la detención de persona alguna.
Cuando se recibe algún acto de autoridad, ya sea un requerimiento para el pago de impuestos o una orden de clausura de un comercio determinado, se deben revisar los artículos citados por la autoridad, ya que un mal fundamento puede ser motivo de impugnación por parte del particular.
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Por su parte, la motivación no es otra cosa más que la exposición de los hechos en que se basa la autoridad para emitir ese acto en particular, como puede ser la falta de pago de impuestos por un periodo determinado, en algún requerimiento del SAT (Sistema de Administración Tributaria).
Frecuentemente nos sentimos en estado de indefensión frente a un acto de autoridad, cualquiera que sea su naturaleza, porque se piensa que contra el gobierno nadie puede. Sin embargo, es importante saber que frente a los actos de autoridad la misma legislación prevé los procedimientos legales que están a tu alcance para defenderte frente a un posible abuso.
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