Sobre la reducción de los salarios en el servicio público

Billetes mexicanos de distinta denominación

Una de las propuestas de la próxima administración es reducir los salarios de los altos funcionarios públicos. Según los medios los afectados serán entre 22 mil o 35 mil funcionarios, por lo que vale la pena analizar el marco constitucional de lo que se llama remuneración de los funcionarios públicos.

En un principio, la contraprestación de los servidores públicos estaba escasamente regulada y se refería sólo a los funcionarios que eran electos. Así, el artículo 127 original de la Constitución de 1917 establecía que los “..funcionarios públicos de la Federación, de nombramiento popular, recibirán una compensación por sus servicios que será determinada por la ley y pagada por el Tesorero Federal. Esta compensación no es renunciable, y la ley que la aumente o disminuya no podrá tener efecto durante el periodo en que un funcionario ejerce el cargo”.

No fue sino 65 años después cuando se hizo la primera reforma sobre el tema para identificar a los funcionarios como “servidores públicos” que “recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que será determinada anual y equitativamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o en los presupuestos de las entidades paraestatales, según corresponda”. En 1987, el artículo fue reformado para considerar a los Representantes a la Asamblea del Distrito Federal, pero en esencia es el mismo texto que en 1982.

Con estas reformas se alude más claramente a una contraprestación por prestar un servicio e incluye a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, estableciendo que la remuneración se determinará anualmente y que forma parte del presupuesto de egresos federal.

La reforma más importante sobre el tema, y que es la que se encuentra vigente actualmente, es la aprobada en 2009 en la que se modificaron los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución, estableciendo en este último artículo las bases de las remuneraciones de los servidores públicos.

En primer lugar, ya no sólo se regulan las remuneraciones de los servidores públicos federales, sino que también regula las que se aplican en los estados y municipios, organismos autónomos y en general la de todo aquel que trabaja en la administración pública.

Define como remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

Prohíbe que un servidor público reciba una remuneración, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Asimismo ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico.

Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.

Ahora bien, en los “50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana”, en los incisos 8 y 20 se propone reducir la remuneración del presidente un 60 % aproximadamente, sin ningún tipo de compensaciones. Asimismo, se dice que “se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad, de quienes ganan más de un millón de pesos anuales; de manera progresiva, pero lo ahorrado debe significar el 50 por ciento del gasto actual; es decir, se va a ahorrar la mitad de lo que ahora se destina para el pago de los altos funcionarios públicos”. Se dice que esta reducción de salarios no afectara a los niveles inferiores.

Pero el diablo está en los detalles. Por una maniobra administrativa, los ingresos de un funcionario público de mando se dividen en “sueldo base/salario ordinario” y compensación garantizada, siendo el principal ingreso este último en la gran mayoría de los casos. Si ya no va a existir la compensación, entonces esta se integraría a la remuneración, lo que implica un mayor gasto para el gobierno, por ejemplo, en cuotas al ISSSTE o IMSS, prima vacacional, etcétera, y por el otro lado deja de percibir ingresos provenientes de impuesto sobre la renta, entre otros.

La propuesta señala que “se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad”, pero ¿quiénes son los altos funcionarios? Según una interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son altos funcionarios aquellos que pueden ser sujetos a juicio político, como son los secretarios de despacho o el fiscal general, hoy procurador general, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Otros afirman que son altos funcionarios sólo aquellos a quienes para serles exigida responsabilidad, requieren declaratoria de procedencia del poder legislativo, lo cual lo reduciría a secretarios de estado y el procurador general.

Otra forma de verlo, es considerar que altos funcionarios son aquellos no incluidos en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, por lo que incluiría presidente, secretario de estado, subsecretario, oficial mayor y jefe de unidad, excluyendo de directores generales a otros niveles inferiores.

Los medios y probablemente el equipo del próximo gobierno están viendo el tema por el tipo de plaza, e incluyen en orden descendiente del presidente hasta directores generales adjuntos, otros incluyen también a los directores de área, porque algunos pueden ganar más de un millón de pesos al año.

Por otra parte, si la reducción a los salarios sólo se aplica a los altos funcionarios sin afectar a los mandos medios, entonces puede presentarse que un servidor público gane igual o más que su superior jerárquico, situación prohibida por el artículo 127 constitucional.

Otra cuestión es si la reducción se aplica a la remuneración bruta o neta, es decir, sin descuentos de impuestos o aportaciones al seguro social, entre otros, o ya con los descuentos.

¿La medida también incluye al personal de la Secretaria de la Defensa, Marina y Policía Federal?

Para que los estados y municipios ajusten sus sueldos y salarios, el presupuesto federal debe ser aprobado a la mayor brevedad, de lo contrario, los estados y municipios tendrán un tabulador de salarios que no atienda a las políticas de austeridad y en contradicción a la Constitución.

El tema genera dudas, pero tenemos que ser pacientes, todo se aclarará en el Presupuesto de Egresos 2019.

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