Viernes  28 de noviembre  de 2014  3:33 pm

El tema de la usura siempre ha sido un tema de interés recurrente en nuestro país, especialmente cuando se presentó la crisis bancaria de los noventa.

 

Ahora el tema vuelve a generar interés por la decisión que tomó el mes pasado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil con sede en el Estado de México respecto a la usura, determinando que la condena al pacto de interés convencionales a razón del veinte por ciento mensual resulta transgresora de la Constitución Política y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 21.3 que protege la propiedad privada de las personas contra la usura proscrita como una forma de explotación del hombre por el hombre.

 

El Tribunal llegó a esta decisión al realizar un control de convencionalidad ex oficio entre lo que dispone la Convención Americana de Derechos Humanos y la normatividad nacional aplicable, con base en las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y las conclusiones de la Suprema Corte del caso Radilla.

 

El control de convencionalidad, se denomina así ya que tiene como fin que los jueces hagan valer la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre disposiciones contrarias  a la misma, teniendo en consideración la Convención y la interpretación que ha hecho de la misma la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 

Sobre la usura, el artículo 21 inciso 3 de la Convención establece en el apartado sobre el Derecho a la Propiedad Privada, que “Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.”

 

En este orden de ideas la sentencia señala que la normatividad de nuestro país permite que se pacten intereses sin prever limitación alguna, admitiendo que puedan pactarse intereses excesivos en perjuicio del deudor, y el cobro de intereses excesivos es considerado por la doctrina y por la normatividad internacional como una actividad de usura

 

Sin embargo, también existen criterios en contra como consta en una sentencia de amparo del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que en un caso semejante señaló que no se estaba en presencia de usura en la inteligencia de que “la tasa de interés no es desproporcionada del capital o deuda principal que representa la obligación del acreedor”.

 

Así, no todo está dicho sobre el tema ya que de los criterios citados se puede concluir que se estará en presencia de usura dependiendo de si estos son excesivos o desproporcionados.

 

En el primer caso la tasa de interés moratorio del 20% mensual el Tribunal la consideró excesiva porque “sobrepasa los promedios de las tasas de interés usuales en los mercados”, mientras que en el segundo caso una tasa del 4% mensual no se consideró un interés excesivo ya que el lucro obtenido no es evidentemente desproporcionado a la obligación asumida, en términos del artículo 17 del Código Civil Federal.

 

En consecuencia, para determinar la existencia de una violación a los derechos humanos por usura se deberá estar atento a las circunstancias del caso concreto, pero debe considerarse que existe usura cuando el interés se excede a la capacidad económica de las personas.

 

Por eso, tal vez el tema del anatocismo o interés sobre interés vuelva a los tribunales abordándolo ahora con una aproximación de derechos humanos y control de convencionalidad.

 

Tal vez podría cambiar el criterio que actualmente existe respecto a que es legal siempre y cuando las partes lo pacten previamente, pero si ese pacto puede llevar  a la ruina a una persona podría considerarse como usura en términos de la Convención.

 

Sólo hace falta que alguien lleve el caso a los tribunales, o inclusive, que se prohíba como sucede en otros países de América Latina, como Venezuela.

 

 

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