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La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionales las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales que facultan a los cuerpos policíacos a practicar revisiones a personas y vehículos en caso De sospecha razonable.

En el caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, argumentaba que son inconstitucionales las disposiciones relacionados con la revisión de personas y vehículos  al permitir que se realicen sin una orden escrita emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder, conforme al artículo 16 de la Constitución, siendo actos de molestia que afectan la intimidad y vida privada de las personas, permitiendo la actuación discrecional y arbitraria de la policía, ignorando el mandato del artículo 21 constitucional que establece que la policía siempre actuará bajo la conducción y el mando del ministerio público.

Sin embargo, la mayoría de los ministros consideró que la CNDH parte de una interpretación constitucional que obedece al anterior sistema de justicia penal y que las inspecciones constituyen controles preventivos provisionales que se encuentran autorizados no sólo en la prevención y persecución de delitos, sino también en su investigación y, por lo tanto, se reconoce la validez constitucional de los preceptos impugnados.

Lo anterior  tiene fundamento en el artículo 21 constitucional que establece las facultades en materia de seguridad pública que se otorgan a los agentes de la policía, es decir, en la prevención, investigación y persecución de los delitos y tienen como finalidad dichas actividades.

Para que las inspecciones que realice la policía sean constitucionalmente válidas debe existir, previo a su práctica, la sospecha razonable que no puede basarse en situaciones subjetivas como en la apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o comportarse, “corazonadas” o “porque se veía sospechoso” o aduciendo amplia experiencia policiaca o protocolos de actuación generales.

La sospecha razonable debe acreditarse caso por caso, de manera individual y según las circunstancias fácticas que rodean la actuación de que se trate.

En la sentencia se delinearán una serie de reglas y parámetros generales, que deben seguirse para los distintos supuestos en que el Código Nacional permite las inspecciones en flagrancia o durante la investigación de los delitos, para brindar certidumbre tanto a los ciudadanos sobre sus derechos como a los agentes de autoridad sobre los pasos que deben seguir para practicar estas medidas.

El juez deberá valorar con especial cuidado si, al adquirir los medios de prueba a partir de una inspección, el policía se condujo o no bajo los parámetros descritos. De no ser así, los invalidará de plano y no podrán usarse en su contra en el juicio penal.

Por otra parte se precisa que, si bien el citado artículo 21 señala que en la investigación de los delitos la policía actuará bajo la conducción y mando del ministerio público, ello no significa anular cualquier actuación por parte de la policía si no media una orden escrita previa del ministerio público.

La Suprema Corte continuará en las próximas sesiones con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, (actualmente Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, INAI) en 2014, demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Más información scjn.gob.mx

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