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Por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará el salario mínimo establecido en México, a instancias de un conglomerado de organizaciones de la Sociedad Civil identificados como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, al considerar que dicho salario viola la Constitución mexicana así como tratados internacionales al estar 11 pesos por debajo del costo de la canasta básica.

 “Agotadas las instancias de la justicia nacionales, se reclama ante la CIDH una violación de derechos humanos que afecta a millones de personas al fijar el monto de los salarios mínimos (88 pesos diarios) por debajo de la línea de pobreza, una cantidad evidente y notoriamente insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de una persona trabajadora y su familia en el orden material, social y cultural”, aseveró Acción Ciudadana.

El caso inició hace dos años cuando un grupo de abogados decidió representar a una trabajadora que gana el salario mínimo en contra de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, por el acuerdo que fija los salarios mínimos generales y profesionales en el país, con el argumento de que el organismo incumple el artículo 123 de la Constitución, así como los artículos 23 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 3º, 7º, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 3º del Convenio sobre la Fijación de Salarios Mínimos, además de diversas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre el tema.

El inciso VI del artículo 123 de la Carta Magna establece que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

La demanda fue sobreseída por defecto de forma: supuestamente la habían presentado fuera de plazo, decisión que fue apelada por los abogados, llevando el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decidió abordar el tema con una perspectiva de derechos humanos

La sentencia es claramente explicada por el abogado de la quejosa, Jaime Araiza, a la periodista de piedepagina.mx, Daniela Rea.

La SCJN reconoce que la resolución que fija los salarios mínimos se asemeja a una ley, una norma general y abstracta, que afecta a todos los trabajadores. Además, reconoce a la CONASAMI como autoridad, obligada a cumplir con las leyes y normas y garantizar los derechos de las personas.

La decisión del alto tribunal también reconoce que el salario mínimo debe cubrir necesidades básicas, garantizar una vida digna como un derecho humano.

Sin embargo, niega el amparo porque si se concede tendría un efecto negativo para la quejosa, porque ya no tendría la protección de un salario mínimo.

No obstante, la Segunda Sala reconoció que el salario mínimo remunerador “no sólo constituye un derecho social, sino que representa una aspiración que realmente satisfaga las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, razón por la cual, el monto que fije la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos debe ser tal que efectivamente cumpla su contenido constitucional".

Así, la citada Comisión al momento de emitir una resolución que fije los salarios mínimos debe contemplar todos los informes que aseguren la obtención de una cantidad que importe un salario remunerador, así como tomar en cuenta el ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria señalada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), al margen de que también puedan ser considerados los principios rectores y alcances establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para fijar los salarios mínimos, y los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI)”.

Pero la CONASAMI ignoró esa recomendación, por lo que la agrupación ha decidido llevar el caso a instancias internacionales, ya que el estado mexicano está violando el derecho de los trabajadores a un salario digno.

Otro camino es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interponga una acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución de la CONASAMI, ya que en varias ocasiones ha reiterado la importancia de la relación que existe entre el salario mínimo suficiente y el goce de los derechos humanos e invitado al organismo a retomar lo dispuesto por el artículo primero Constitucional en su párrafo cuarto, sobre la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Pero hasta el momento no ha interpuesto ninguna acción.

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