Página del Comite ciudadano del SNA

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) hizo un llamado a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare constitucional el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) caso que será analizado por el máximo tribunal.

Este artículo establece la presunción legal de inexistencia de operaciones que sean amparadas en comprobantes de un contribuyente que, sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, los emite, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados.

Este proceso inicia con la publicación de una lista, para que los contribuyentes que aparezcan en la misma manifiesten lo que a su derecho convenga. Analizadas la pruebas y defensas, se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan, es decir que emiten comprobantes sin tener la capacidad para proporcionar los bienes o servicios que amparan.

Para el Comité, si la SCJN declara inconstitucional la disposición, habría “un retroceso en la desarticulación de grupos delictivos… Las listas que publica el SAT”, dice el CPC “tienen como propósito dejar sin efectos los comprobantes fiscales que ellas emiten, en tanto que respaldan operaciones inexistentes o simuladas”.

“… tendría efectos nocivos sobre la política contra la corrupción, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero. Las empresas fantasma se contraponen a todo ello. Esto tendrá que ponderarse por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación” afirma el CPC.

El Comité señala que una resolución en ese sentido dejaría sin sustento las acusaciones penales en los casos de corrupción de los gobiernos de Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo y Coahuila.

“El Estado de Derecho exige que la interpretación constitucional privilegie el fortalecimiento de las instituciones, la salvaguarda de la Hacienda pública y los derechos de los mexicanos en general. Las empresas fantasma se contraponen a todo ello”, señalan los integrantes del Comité.

“Las empresas fantasma no son contribuyentes, pues no contribuyen al sostenimiento del gasto público. Su propósito es evadir impuestos, desviar recursos públicos, lavar dinero y financiar campañas electorales. Su forma de operación es propia de la delincuencia organizada”, enfatizó el Comité ciudadano encabezado por Jacqueline Peschard.

 “Al día de hoy, la herramienta prevista en dicho artículo ha sido clave para combatir la corrupción. Por ello, la confirmación de la constitucionalidad del artículo 69-B del CFF es indispensable para la preservación del estado de Derecho y la lucha contra la impunidad”, concluyeron.

Los cinco miembros hicieron explícito su respeto a las decisiones del máximo tribunal del país, no obstante, en caso de que se declare la inconstitucionalidad, reiteraron, se afectará gravemente el combate a la corrupción en México.

Más información eleconomista.com.mx

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