Manos pagando dinero

En Morelos, descendientes del ejército de Emiliano Zapata exigen al gobierno de Morelos que les pague la pensión que les corresponde por ley y que no ha sido incluida en el Presupuesto de Egresos de la entidad.

Desde 1959 existe en la entidad una Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas a los Veteranos de la Revolución, misma que fue sustituida en 1974 por la Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas a los Veteranos de la Revolución en el Estado de Morelos.

Esa ley considera como veteranos de la Revolución Mexicana a “quienes  comprueben  fehacientemente ante la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios haber prestado servicios activos en el Ejército Libertador del Sur, acaudillado por el General Emiliano Zapata en el lapso comprendido del 19 de noviembre de 1910 al 20 de mayo de 1920” o que “…comprueben haber sido reconocidos como Veteranos de la Revolución por la Secretaría de la Defensa Nacional y haber militado en el Ejercito Libertador del Sur”.

Entre los derechos que otorga la ley está el servicio médico gratuito y una pensión vitalicia, que actualmente es de “… 30 salarios mínimos mensuales"  ya que la pensión se actualizó en una reforma realizada en diciembre de 2011.

Pero en esa misma reforma, los beneficios se extendieron a los veteranos, sus viudas y sus descendientes hasta la segunda generación. La reforma entró en vigor el 1 de enero de 2012, pero el gobierno estatal nunca pagó la pensión. La ley fue reformada nuevamente en diciembre de 2016 para retirar de los beneficios a las viudas y a los descendientes hasta la segunda generación.

Pero al menos durante cinco años se debió de haber pagado la pensión a estas personas.

Arturo Castañeda, líder del Frente Zapatista de la República que agrupa a los beneficiarios de la ley, denunció que en la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios, el representante del gobierno del estado tiene la consigna de entorpecer la labor de dicha comisión, que ha llevado inclusive a solicitar nuevos dictamenes.

Ante estas anomalías, se han promovido dos amparos para obligar al Gobierno estatal a realizar el pago retroactivo y están en espera que el Tribunal Colegiado emita su resolución y obligue al Gobierno de Morelos a pagar las pensiones o, de lo contrario, el gobernador podría ser destituido.

Además, ya se realizó la solicitud ante la Comisión de otros 700 expedientes para su acreditación como descendientes revolucionaros.

"Pagar 2,200 pesos mensuales a unos 1,200 descendientes es nada para el Gobierno estatal, pero simplemente no quiere cumplir la ley", acusó Castañeda Paredes.

El adeudo podría alcanzar los 190 millones de pesos.

Más información elhorizonte.mx

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